La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado la decisión de la juez María Núñez Bolaños de dividir la macrocausa de los cursos de formación en nueve grandes bloques y lo ha hecho en un escrito en el que impugna el recurso presentado contra la separación por la ex delegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete. 

En el escrito, que tiene fecha del pasado 25 de enero, el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto se opone al recurso de Sabalete, que se había opuesto a que se incluyera la línea de investigación de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la causa principal de los cursos que instruye el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Para la Fiscalía, en realidad la defensa de Sabalete lo que hace es "impugnar su imputación, más que oponer a la legalidad u oportunidad de dividir la causa en distintas piezas". 

El Ministerio Público recuerda que la imputación de Sabalete, que fue directora de Formación para el Empleo en Jaén entre los años 2009 y 2012, se fundamenta en que habría "contribuido decisivamente durante su mandato al mantenimiento del sistema de gestión de las subvenciones para la formación que implicaba indiciariamente un reparto arbitrario de los fondos públicos". 

Según la imputación que en su día hizo Mercedes Alaya, en virtud de una actuación "dirigida desde la gerencia del SAE y la Dirección General para la Formación, permitiría, a sabiendas de su injusticia y del daño que se podía causar al erario público, mediante acción u omisión, múltiples incumplimientos de la normativa legal en materia de subvenciones para acciones formativas, tanto en el ámbito de la concesión como en el pago y especialmente en el ámbito de la justificación del destino de los fondos subvencionados". 

Para Anticorrupción, esta imputación, "sin perjuicio de su prueba", es "distinta de las diversas causas" en las que se investigan los fraudes de subvenciones en cada provincia andaluza, donde existen procedimientos judiciales referidos a los fraudes de subvenciones cometidos por los empresarios beneficiarios de determinadas ayudas y la participación de Sabalete "será aquella que devenga de su participación en este fraude". Por ello, la Fiscalía entiende que el objeto de esa investigación "no coincide en cuanto los hechos, ni siquiera tiene por qué ser coincidente en las subvenciones estudiadas", y en este sentido recuerda que el objeto de la investigación que se lleva en el juzgado de Sevilla es el "favorecimiento de determinados empresarios mediante la expedición de certificados de finalidad, tal y como se regulan en el artículo 41 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía (RIJA), realizados por la investigada, y la concesión de exoneración de justificación desde la Dirección General, en cuya elaboración participó la misma". 

En última instancia, la participación de Sabalete, prosigue el fiscal, se concretaría en "empresas beneficiadas con la exención de justificación y la expedición del certificado del artículo 41 del RIJA, y ello no necesariamente debe coincidir con otras en las que se investigue defraudación de la provincia". 

La Fiscalía concluye que ha sido "correcto el proceder de la instrucción de dividir el proceso y residenciar las posibles responsabilidades penales de recurrente" en la causa de los cursos de formación que se instruye en el juzgado número 6 de Sevilla. 

De otro lado, la juez María Núñez Bolaños, ha dictado un auto en el que ha decidido levantar las medidas cautelares de comparecencia cada 15 días en el juzgado a la ex directora general de Formación María José Lara, y a los delegados de Empleo en Jaén y Huelva, Irene Sabalete y Eduardo Muñoz, respectivamente. En el auto, que tiene fecha del pasado 5 de febrero, la juez acuerda levantar esa medida con la condición de que estos imputados hagan entrega de sus pasaportes y se comprometan a comparecer cuantas veces sean llamados por el juzgado, explica la resolución. 

Tras la imputación de estos tres ex altos cargos en la denominada operación Barrado, en la que fueron detenidas inicialmente en marzo de 2015 un total de 16 personas entre delegados y ex delegados de Empleo, la juez les dejó en libertad con cargos, imponiéndoles la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. 

Casi un año después, las defensas de estos imputados pidieron que se les liberara de esa obligación, una petición a la que no se opuso la Fiscalía Anticorrupción, al entender que no existe riesgo de fuga ni que se frustren los demás fines de la investigación. La juez ha valorado la postura de la Fiscalía y ha accedido a levantar las medidas cautelares.