El PP-A presentará una proposición no de ley en el Parlamento en la que insta al Gobierno a elaborar una norma directora para la ordenación urbanística que permita regularizar las urbanizaciones y viviendas ilegales existentes en Andalucía que sean susceptibles de normalizar su situación.

La portavoz parlamentaria del PP en materia de urbanismo, Alicia Martínez, explicó ayer en rueda de prensa que la intención de su grupo es aprobar un plan que permita regularizar "todo lo posible" estas viviendas, aunque matizó que no se trata de una "amnistía urbanística" y de "regularizar todo", por lo que ha dicho que habrá situaciones que no tendrán más solución que la demolición.

A pesar de que no hay un censo de este tipo de viviendas en Andalucía, Martínez explicó que distintos informes, entre los que se encuentra uno del Defensor del Pueblo, apuntan que en la comunidad hay unas mil urbanizaciones ilegales y unas 200.000 viviendas, en las que pueden llegar a vivir hasta 400.000 personas en verano.

Según recordó la portavoz del PP en asuntos urbanísticos, la competencia de control e inspección de la ordenación del territorio y el urbanismo corresponde a los ayuntamientos y a la Junta, a través de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. En su opinión, la Junta no ha ejercido sus funciones y no ha reclamado a los ayuntamientos el cumplimiento de la ley, por lo que Martínez entendió que la Junta "ha fallado".

Tras criticar el retraso en la elaboración de planes subregionales y del propio Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), Martínez aseguró que la Junta tenía en muchos casos conocimiento de la existencia de viviendas ilegales porque ha percibido ingresos económicos en concepto de actos jurídicos documentados. Para la portavoz popular, es necesario adoptar una solución inmediata "y cortar de raíz este práctica" que supone una agresión al medio ambiente y al territorio. En conclusión, el PP reclamó que este problema no quede sólo en manos de los ayuntamientos.