La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha reiterado que el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas creó un entramado de empresas "fantasmas" para cobrar las sobrecomisiones de las pólizas vinculadas a los ERE, un dinero que "en su mayor parte se lo quedaba para sí y en otras ocasiones lo distribuía a otros intervinientes en el proceso, cargos públicos incluidos".

Así lo expresa la magistrada en un auto en el que ha impuesto una fianza civil –que estaba pendiente de acordar desde diciembre de 2013- de 201.658,40 euros a Antonio Santiago Pérez Porcel, un supuesto testaferro de Lanzas que figuraba como administrador único y autorizado en las dos cuentas de la empresa Conexión en Reparto, vinculada al entramado societario del conseguidor de los ERE, "a través de la cual habría introducido en el circuito financiero dinero procedente de las actividades ilegales aquí investigadas", precisa la juez.

La instructora destaca que a través de esta sociedad y del resto del denominado "entramado Atrado", Lanzas "podía mantener oculta su identidad y cobrar su parte de las sobrecomisiones de Vitalia, así como las comisiones que a su vez le pagaban las empresas beneficiarias al haber obtenido ellas la financiación de la Junta de Andalucía".

Mediante estas "sociedades instrumentales cuyo modus operandi sería diseñado y controlado por Lanzas", prosigue el auto, el ex sindicalista podría convertir parte de las "ilícitas sobrecomisiones procedentes de fondos públicos en sus ganancias, aflorándolas al circuito financiero". Todo esto lo llevaría a cabo en primer lugar teniendo el control sobre estas entidades, al frente de la cuales estaban "hombres de su confianza" como Eduardo Leal del Real y su cuñado Ismael Sierra, o "testaferros a su vez controlador por éstos".

La magistrada indica que estas sociedades debían emitir facturas falsas, que se hicieron por Eduardo Leal del Real "en su mayoría y serían por orden de Lanzas, controladas por Albarracín [en alusión al ex directivo de Vitalia ahora fugado] y gestionadas por Estudios Jurídicos Villasís". Con estas facturas se pretendía "aparentar una relación comercial que en realidad era inexistente entre el holding y tales sociedades, para de esta forma allegar los fondos convenidos a las arcas de esas sociedades fantasmas, lo cuales mediante cobros de cheques o reintegros en efectivo terminarían en manos de Juan Lanzas, dinero que en su mayor parte se lo quedaba para sí, y en otras ocasiones lo distribuía a otros intervinientes en el proceso, cargos públicos incluidos".

Sobre el caso concreto del presunto testaferro Antonio Santiago Pérez Porcel, Bolaños sostiene que este imputado habría facilitado dinero en efectivo a Eduardo Leal del Real, y en definitiva como administrador único de Conexión en Reparto y autorizado en dichas cuentas "habría posibilitado el desvío de fondos procedentes de la Administración andaluza por un importe total de 1.512.437,98 euros", por lo que acuerda imponerle una fianza de 201.658,40 euros.