Andalucía

La transparencia arranca con pereza

  • Dos meses después del estreno de la ley, los partidos políticos, sindicatos o la patronal tienen pendientes la publicación de presupuestos, retribuciones de dirigentes o el número de liberados.

La ley andaluza de transparencia estrenada el 30 de junio ha sucumbido al sopor veraniego sin que buena parte de los afectados hayan reaccionado. Tanto los partidos políticos como las organizaciones sindicales o la patronal están obligadas a cumplir con medidas de transparencia análogas a las que se impone la Junta de Andalucía sin que por el momento la obligatoriedad haya obtenido eco. El artículo 5 de la ley establece que estas entidades están obligadas a publicar la misma información que la Junta (lo que incluye estructura organizativa, relaciones de puestos de trabajo con indicación de sus retribuciones anuales, el número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo [liberados], los procesos de selección de personal o información económica como los presupuestos) cuando accedan a la financiación de la Junta para sus actividades o funcionamiento.

Sin embargo, la "publicidad activa" de estas entidades está todavía incompleta en el mejor de los casos, cuando no desaparecida. Septiembre es el mes al que algunas apuntan para corregir estos incumplimientos. El PSOE andaluz acentúa que ha sido un gobierno socialista el que ha impulsado una ley más exigente que la estatal en la regulación de partidos, ya que va más allá de la publicación de los contratos, convenios y subvenciones públicas. Predica, aunque se queda sin ejemplo cuando se demanda información sobre las cuentas del partido. La ley le obliga a ofrecer esta información (aunque la redacción final excluyó que pueda haber requerimientos ciudadanos), pero el PSOE no se muestra proactivo a enseñar el estado de sus cuentas. Se remite a que la contabilidad del PSOE federal, y por ende también del PSOE de Andalucía, fue remitida en julio al Tribunal de Cuentas, sin mayor voluntad de hacerla más accesible. Los socialistas subrayan que ningún cargo del partido recibe retribución complementaria, no hay financiación mediante donaciones y las declaraciones de IRPF de sus cargos son públicas.

El PP nacional publicó sus cuentas a raíz del caso Bárcenas y éstas fueron las que aparecieron durante un tiempo en la web del PP andaluz, contenido hoy irrastreable. La web es un panegírico de la actividad del presidente regional, Juan Manuel Moreno, con la estructura orgánica del partido como información más relevante. Izquierda Unida apunta a septiembre como el mes en el que darán a conocer buena parte de su funcionamiento después de una reestructuración del personal que ha concluido a mediados de julio, explica Toni Valero, secretario de Organización de IU en Andalucía. La intención es que un Consejo Andaluz a finales de mes dé el visto bueno a la publicación de más datos y que incluiría información pormenorizada sobre las retribuciones de los cargos públicos más relevantes (hasta los alcaldes). Los estatutos de IU establecen que el sueldo no supere tres veces el salario mínimo, aunque la referencia son las retribuciones percibidas con anterioridad en la actividad profesional. La única declaración de bienes disponible es la del coordinador general, Antonio Maíllo, y se remonta a 2013. Valero achaca la demora al "déficit histórico de IU con las nuevas tecnologías" y promete redención.

Podemos, que a nivel nacional tiene una web sobre transparencia con información muy detallada sobre sus cuentas (con facturas hasta marzo), se remite a septiembre para una actualización de la web tras las elecciones regionales que incluirá declaraciones de bienes de consejeros y parlamentarios regionales así como las donaciones que estos últimos realizan de sus salarios públicos. En Podemos Andalucía aseguran que ese mes habrá información sobre las agendas de trabajo de los parlamentarios.

Ciudadanos, que carece de web regional, no contestó sobre la petición de información sobre sus compromisos de transparencia. En cuanto a los sindicatos, CCOO tiene mayor volumen de datos que UGT y actualizados a 30 de junio. La publicación de las cuentas de UGT son de 2013, aunque asegura que en septiembre se actualizará. CCOO tiene un cuadro sobre personal sindical (72 personas), pero no incluye retribuciones, tampoco las de su secretario regional, Francisco Carbonero.

UGT asegura que conocer el número de liberados es "imposible" por la variedad de situaciones y afirma que el sueldo de su secretaria general, Carmen Castilla, es el mismo que tenía como empleada pública, ya que está liberada. "Cobra menos incluso porque no tiene las productividades", añaden. Inaccesible es el sueldo del presidente de la Confederación de Empresarios (CEA), Javier González de Lara, el de otros directivos o el detalle de las cuotas que pagan los socios. La CEA alude a la protección de datos. La mayor parte de la información es sobre estatutos, organigrama o memoria de actividades. La información sobre sus presupuestos es magra y de los 4,6 millones afirma que 3,2 procede de programas y convenios. Sin embargo, en el apartado específico de transparencia la CEA señala que no tiene contratos y convenios con administraciones públicas actualmente.

El Parlamento andaluz también ha introducido medidas, aunque aún no están disponibles las agendas de los diputados, sus declaraciones de bienes ni, en muchos casos, la actividad profesional de los diputados. El Consejo Consultivo de Andalucía o el Defensor del Pueblo andaluz son la cara opuesta. El Consultivo ofrece información detallada desde antes de la ley. El Defensor, Jesús Maeztu, incluye su declaración de bienes, al igual que los adjuntos de PSOE, Juana Pérez, e IU, Luis Pizarro. El del PP, Carlos del Barco, no la proporciona.

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