Los aproximadamente 90.000 folios del llamado caso Alhambra, en el que se investiga un presunto fraude en la venta de entradas y control de accesos al conjunto monumental de la Alhambra y del Generalife, ya están en la Audiencia Provincial de Granada. Han llegado a la Sección Segunda, la sala que se encargará de su enjuiciamiento y que preside el magistrado José Juan Sáenz Soubrier. Se trata de una de las causas más voluminosas que se han recibido en el Palacio de la Real Chancillería -si no la que más-, donde se hallan las secciones penales de la Audiencia y en el que ha sido preciso habilitar una habitación exclusiva para almacenar el procedimiento: la antigua oficina de reparto.

El caso consta de 165 archivadores y siete cajas, cinco de las cuales contienen entradas impresas a la Alhambra que fueron intervenidas en los registros policiales que se practicaron cuando se destapó el caso en 2005. Las dos restantes guardan CD con grabaciones, entre las que figuran conversaciones mantenidas por los imputados que tenían los teléfonos pinchados. Para el traslado de toda esa documentación ha sido necesario un furgón de la Junta de Andalucía.

Fuentes de la Audiencia explicaron que las actuaciones se recibieron físicamente el día 21 de mayo y que el día 25 se extendió, por parte de la Secretaría de la Sección Segunda, "una diligencia de formación de rollo relacionando las piezas y la documentación recibidas". Dado el volumen del proceso, el tribunal ha creado, tras su recepción, "un turno especial de casos de especial complejidad", de modo que se vayan turnando los ponentes en estos asuntos con tantos imputados, tan voluminosos y tan complicados.

Sobre la fecha prevista para el juicio, aún no se ha señalado, pues todavía tiene que examinar y estudiar el tribunal toda la documentación que ha llegado y decidir si admite o rechaza la prueba. Una vez se dicte el auto de admisión, ya podrá fijarse en el calendario la vista.

En total, en la causa hay contabilizados 18 letrados y 50 acusados, sin contar con el fiscal y el abogado de la Junta, que también es parte acusadora, así como con los letrados de las dos empresas consideradas posibles responsables civiles: Daraxatour S.L.y Washington Irving S.L.

Las actuaciones están integradas por una pieza principal de 26 tomos y 11.303 folios, así como por 15 piezas separadas, que ocupan 128 tomos más, aparte de las siete cajas antes indicadas. El volumen de esas piezas separadas (que contienen toda la documentación que acompaña al caso) es dispar. La pieza primera, por ejemplo cuenta con más de 46.000 folios, mientras que la novena no llega a 2.000 folios. Luego, además, hay otras nueve carpetas sólo de notificaciones.

Apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio histórico son los delitos que el fiscal del caso, Luis Salcedo, apreció a la hora de calificar penalmente y de forma provisional los hechos, de los que considera responsables a 45 personas, si bien la cifra total de acusados es de 50, pues hay otras personas también acusadas por el Patronato que el fiscal no incluye. Entre los implicados figuran guías turísticos, los dueños de las agencias Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L., 38 trabajadores de la Alhambra (principalmente expendedores y controladores) y algunos empleados del BBVA, que era la entidad que antes gestionaba la venta anticipada de billetes.

En cuanto al perjuicio causado por "el acceso irregular" de visitantes al recinto durante los años investigados (de 2002 a 2005), el fiscal calculó que fue de 3,5 millones de euros. No obstante reclama 3,1 millones de euros más por "daños materiales causados en el monumento". En lo que a las penas se refiere, el fiscal solicita para los diez principales acusados nueve años de prisión y 9.000 euros de multa, mientras que para los empleados del recinto -grupo al que atribuye un menor grado de implicación- reclama cuatro años de cárcel y 2.160 euros de multa.