La Fiscalía del Tribunal Supremo también quiere que comparezcan el ex interventor de la Junta Manuel Gómez Martínez y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en la causa abierta contra cinco aforados, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar presentaron un escrito al instructor del Alto Tribunal, Alberto Jorge Barreiro, en el que recuerdan que tanto el ex interventor como el ex consejero están ya imputados en la causa de los ERE fraudulentos que tramita la juez Mercedes Alaya y su testimonio es necesario para la investigación abierta puesto que ambos desempeñaron sus cargos durante el periodo de los hechos que están siendo investigados. De hecho, Manuel Gómez fue interventor de la Junta entre los años 2000 y 2011, y Antonio Fernández ocupó el cargo de consejero de Empleo entre 2004 y 2010, y antes había sido viceconsejero y presidente del IFA, y firmó con José Antonio Viera el convenio marco de 2001 por el que se regulaban las ayudas.

La petición de la Fiscalía del Supremo para que declare el ex interventor se suma a la que han realizado el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, y el propio Manuel Gómez, quien ha solicitado rendir testimonio voluntariamente después de que los ex presidentes Griñán y Chaves hayan desviado su "evidente responsabilidad en el fraude" hacia los interventores de la Junta, algo que Gómez considera un "indignidad".

El instructor de la causa en el Alto Tribunal deberá ahora pronunciarse sobre estas comparecencias, después de que ayer diera por cerrada la ronda de declaraciones de los cinco aforados con la declaración de la ex consejera de Presidencia María del Mar Moreno. La declaración de la senadora socialista fue la que se prolongó por menos tiempo de las que se han practicado hasta ahora, sólo estuvo hora y media ante el juez, y como hicieron los anteriores imputados se exculpó de cualquier conocimiento de las irregularidades relacionadas con las transferencias de financiación y el pago de las ayudas sociolaborales.

Moreno explicó al instructor que desconocía las transferencias y la existencia del convenio marco de 2001, por cuanto "sabía que existía una política para asistir y subvencionar empresas en crisis pero no fue consciente ni antes ni cuando era consejera de Presidencia de que hubiera algún problema". La ex consejera dijo que se enteró del asunto en febrero de 2011, cuando el ex director general de Trabajo Javier Guerrero se refirió a la partida 31L como el "fondo de reptiles" y a partir de ahí se vio "obligada" a profundizar en el conocimiento del caso.

Según Moreno, de inmediato habló con el entonces presidente, José Antonio Griñán, recibiendo "instrucciones" y se tomó la decisión de que la Junta se personara como acusación particular y aportara la documentación que le fue requerida a partir de ese momento por el juzgado de Alaya.

El instructor le preguntó por su intervención en las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros -el "consejillo" previo a los Consejos de Gobierno- después de que la Guardia Civil haya asegurado en un informe que Mar Moreno no presidió ninguna sesión del consejillo en la que se adoptaron acuerdos en relación con los hechos investigados. La ex consejera corroboró en su declaración que de los consejillos y de las materias que se trataban en los mismos "no sabe nada", al tiempo que explicó que fueron unos años "políticamente muy convulsos y con muchas dificultades" y compaginó el cargo de consejera de la Presidencia con el de portavoz, cargo al que dedicaba "toda su labor".

Moreno negó que conociera las ilegalidades del procedimiento y aseguró que el sistema "se puso en marcha varios años antes de que llegara a la Consejería de Presidencia", lo que tuvo lugar en el año 2010.