Hubo un tiempo no tan lejano en que el Gobierno andaluz, siempre regido por el PSOE, ponía al frente de sus políticas de obra pública a consejeros a los que brindaba protección y proyección pública (Mar Moreno, Rosa Aguilar). Las arcas estaban repletas de millones, en gran medida de fondos europeos, para construir edificios, autovías e infraestructuras ferroviarias. Una Consejería maría. Hubo un tiempo no tan lejano, 2008, en el que el entonces presidente Manuel Chaves desgajó las competencias y Vivienda tuvo una Consejería específica y un plan concertado multimillonario y una promesa de VPO a los que ganasen menos de 3.000 euros y los jóvenes se emanciparían y se acabarían con las chabolas. La crisis derribó de un soplido los planes y de los escombros surgieron las deudas, la falta de crédito a las familias, los desahucios hipotecarios y los cimientos de las infraestructuras quedaron a medias. Había que suplir una utopía por otra.

IU vio el campo abierto para ondear su bandera y en la negociación de competencias del que sería su primer pacto de gobierno con los socialistas en la historia de la autonomía reclamó las competencias. Al frente de la Consejería puso a Elena Cortés, una mujer de 39 años que nutría su experiencia política con una concejalía en el Ayuntamiento de Córdoba, una convencida con el catecismo de la formación bajo el brazo. Amiga de José Manuel Mariscal, ex diputado cordobés, hoy senador y líder de los comunistas andaluces. La misión: llevar a los salones sasánidas de San Telmo el sudor, la pancarta y las consignas de los movimientos callejeros antidesahucios. Ante la falta de presupuesto, tres veces menor a la entrada de la crisis (561 millones en 2014; 1.785 en 2009), la Consejería del cemento, ladrillo y kilómetros se convertiría en una Consejería de armazón ideológico.

El equipo de la Consejería de Fomento y Vivienda se puso a trabajar. Cada gestión tendría de sustento una idea. En el equipo de Cortés entraron los gestores de los logros más reconocidos de la coalición al frente de una administración, los que gobernaron también en un pacto con el PSOE el Ayuntamiento de Sevilla. El viceconsejero de Fomento y Vivienda, José García Cebrián, fue el padre del galardonado carril bici de la ciudad. Otros expertos municipales en urbanismo y zonas de transformación social ocuparon puestos directivos. La elección tuvo su traslación: en transporte se pasó de kilómetros de autovía, ramales de alta velocidad y enormes puentes al peatón, transporte público y bicicleta. En vivienda, de la construcción de 700.000 viviendas en una década a rehabilitación, alquiler y alojamiento social. Se acabó con la colaboración público-privada y los privilegios de los directivos de las empresas públicas, un cementerio de ex altos cargos socialistas con contratos blindados e indemnizaciones cientomileuristas. La mofa por el cambio de filosofía es continua, pero ellos contestan: ¿utopía era lo de antes o lo de ahora?

Muchos piensan que lo pasado esta semana con el desalojo de la Corrala Utopía se debe a la autonomía con la que trabaja la Consejería, que parece desconectada del resto de departamentos, la plasmación del ala más izquierdista de IU. Son frecuentes las proclamas de justicia social y los argumentarios ideológicos. A nadie extraña que a una pregunta sobre un proyecto de infraestructuras Cortés culpe del retraso a la dictadura de los mercados. Sus responsables creen que la supremacía de la justicia social está por encima de vicisitudes terrenales y por eso el miércoles por la noche sostuvieron que su deber era cumplir con la palabra dada a los desalojados de la corrala y entregarles las llaves de viviendas sociales vacías aunque conocieran la orden contraria de la presidenta. La solución se iba a representar el jueves en una reunión entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pero IU actuó por libre e hizo saltar el guión por los aires sin medir las consecuencias y, en una acción tan delicada, sin la responsabilidad que se le exige a un Gobierno de tanta envergadura como el andaluz. Esa urgencia no estaba acreditada con la situación de emergencia de las familias y el PSOE encontró respuesta a la desautorización a la presidenta en esa laguna: se habían repartido llaves de casas sin comprobar el estado actual de cada familia. Llegó la retirada de competencias y la solución sólo fue posible cuando cada formación midió sus fuerzas y creyó que no había vencedores ni vencidos.

En el balance, tanto lo mejor como lo peor del pacto entre PSOE e IU ha venido de esta Consejería. Hace poco menos de un año el Gobierno progresista de las rayas rojas y la resistencia se encontraba al fin con un discurso de izquierdas tras la aprobación de un decreto ley por el que primaba la función social de la vivienda. Por primera vez una Administración se reservaba el derecho de expropiar temporalmente las casas a los bancos y cobrarles por las casas vacías. Quisieron cobrar también a los particulares con residencias deshabitadas, pero el PSOE no lo permitió. Otra vez los miembros de la Consejería estaban convencidos de la legalidad, y aún lo están. La UE se quejó y el esperado recurso del Gobierno del PP al Constitucional se mantiene. Muchas de las medidas que servirían para resolver problemas están paralizadas por el celo del Gobierno central, pero también por la falta de mano izquierda de la Consejería. La pasada semana los representantes de los empresarios se levantaron de la mesa de construcción sostenible. El plan concertado de vivienda que ya debería ser el eje en el que roten las políticas públicas de viviendas no encuentra el apoyo de empresarios y entidades financieras. La oposición ataca a Cortés por su "radicalidad", pero ésta siempre pone por delante sus convicciones. Quien no pueda pagar el alquiler, hará trabajos comunitarios. Otro titular: sanciones de más de 100 millones de euros a la Sareb (banco malo) y las entidades financieras por incumplir la función social de sus viviendas protegidas. Paradójicamente, la actuación de la que se sienten más orgullosos los responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda es el acuerdo consensuado con el Ayuntamiento de Málaga para el trazado del metro, la decisión más técnica desde que IU pusiera los pies en el suelo de la Consejería de la utopía.