El mensaje político que lanza el nuevo Gobierno andaluz al integrar las políticas sobre inmigración en la Consejería de Justicia e Interior ha causado malestar en instituciones y organizaciones sociales. A su llegada a la Presidencia de la Junta en 2009, José Antonio Griñán enmarcó la coordinación de estas políticas en la Consejería de Empleo por la necesidad de vincular a este colectivo con el mercado de trabajo, argumentó. El giro dado ahora sobre el fenómeno migratorio es más inquietante.

La coordinación de estas políticas pasó de Asuntos Sociales, donde se estrenaron en 1996, a la Consejería de Gobernación en las dos siguientes legislaturas, hasta que en 2009 Griñán las situó en Empleo, petición histórica de los sindicatos y a la que las ONG pusieron reparos que, tres años después, parecen acertados. Empleo no ha mejorado el acceso laboral de este colectivo ni muchas otras de sus necesidades.

El tercer plan de inmigración (2010-2014) quedó guardado en un cajón. El acuerdo entre PSOE e IU para la presente legislatura tampoco recoge ningún compromiso específico para la integración de los inmigrantes.

El nuevo gobierno de izquierda ha situado las competencias sobre políticas migratorias en un departamento que, a la espera de la concreción que ofrezca el consejero, el fiscal Emilio de Llera, no despierta las mejores impresiones.

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, reclama que se explique a qué responde este mensaje. "Honestamente no sé por qué razón las políticas migratorias se van a Justicia. No sé si el mensaje es el debido o no, pero me gustaría que se aclarase porque su lugar no parece que sea ése", opina Chamizo.

El Defensor entiende que, según recoge el Estatuto de Autonomía, estas políticas podrían estar asignadas a Bienestar Social, sin menoscabo de Empleo, "ya que este colectivo es el más afectado por la crisis laboral, muy al contrario de lo que se dice por ahí".

El Defensor no es ajeno al clima de rechazo imperante hacia los inmigrantes, que están en el punto de mira de los gobiernos.

"Estoy muy preocupado. Cuando un colectivo vulnerable pierde derechos, es un preaviso de lo que vamos a perder todos los demás", afirma.

Ni a la asociación Andalucía Acoge ni a Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) les gusta que se asocie inmigración con Justicia y, sobre todo, con Interior.

"La Justicia ya es un elemento de difícil encaje, porque las competencias autonómicas en la materia son de logística (aprovisionamiento de inmuebles, asignación de funcionarios), pero si eso es extraño, lo malo es que se aporte una visión de la inmigración desde el punto de vista de la seguridad. Como primer mensaje es erróneo", asegura Carlos Arce, responsable de políticas migratorias de Apdha.

Arce apuesta por Igualdad, al entender que el colectivo parte con una merma de derechos y lamenta que la preocupación de la Junta por el colectivo en los tres últimos años "ha llegado a cero".

Tampoco es halagüeña la interpretación de Andalucía Acoge. Mikel Araguás, secretario general de la ONG, señala que "no nos gusta que se relacione con Interior, no sólo porque parece ceñirse a la regulación de los flujos migratorios, sino porque se pierde la gestión de la diversidad".

Los sindicatos UGT y CCOO lamentan que Empleo haya perdido las competencias y censuran la decisión de la Junta. "Es una metedura de pata y un paso atrás, porque el problema de la inmigración es empleo y servicios sociales. El tratamiento no es policial, de juzgados, como si fueran delincuentes", apunta Elena Peñalver, secretaria de Igualdad de UGT-A.

Desde CCOO apuntan que el paro entre los inmigrantes es de un 40%, llegando al 50% en el caso de los africanos. "La Junta ha sido pionera en planes de integración; ahora se han quedado en el tintero, pero deberían aprobarse a pesar de la crisis", subraya Rosa Berges, secretaria de política social y migraciones de CCOO.

Igualdad, Bienestar Social, Gobernación o Empleo son los diversos departamentos en los que estas entidades encajarían las políticas migratorias. Coinciden en un final: Griñán no ha estado acertado en situar las competencias de inmigración en Justicia e Interior.