Eduardo Báñez García, hermano de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, negó ayer ante la juez Mercedes Alaya cualquier connivencia con Mercasevilla y con el resto de empresas que concurrieron al concurso público para hacerse con el derecho de los suelos del Mercado mayorista y todo ello con la finalidad de favorecer a la empresa Sanma, que ganó el concurso. En su declaración como imputado por un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, el hermano de la ministra, que es consejero delegado Construcciones Juan de Robles, rechazó que hubiera entrado en contacto con ningún responsable de Mercasevilla y añadió que no conocía a ningún directivo de esta empresa pública mixta. "No tuve conocimiento ni por parte de ninguna persona, ni por la Administración, de que el concurso iba a ser dirigido para que lo ganara Sando", recoge el acta de su comparecencia judicial.

El hermano de la ministra explicó que se ha presentado a dos concursos en Sevilla, uno de ellos en Los Bermejales, y dijo que en el caso de Mercasevilla, como no tenían derecho sobre los suelos se "esforzó poco en la oferta", ya que reconoció que "tenía pocas probabilidades de ganar". Aún así, concurrió porque a pesar de que las probabilidades fueran bajas, en alguna ocasión había acudido a otros concursos en los que había quedado segundo y por no lograr financiación el ganador, se lo había adjudicado.

Las escasas probabilidades hicieron, según Eduardo Báñez, que no invirtiera en realizar ningún "proyecto técnico", ya que todo lo que recogía el pliego de condiciones del concurso no se podía cumplir si no se disponía de suelo en Mercasevilla, por eso "iba al mínimos esfuerzo y al mínimo gasto, porque tenía pocas probabilidades de quedárselo, pero no ninguna", advirtió. En caso de haber logrado el concurso, Eduardo Báñez dijo que habría logrado financiación suficiente para adquirir los 105 millones del precio mínimo de los terrenos, a pesar de que su empresa sólo tenía en aquella época unos fondos propios de cuatro millones.

Por su parte, su hermano Juan Nicolás declaró que no conoce la oferta que se hizo por los suelos ya que dejó de trabajar para las empresas de su familia en septiembre de 2005 y nunca trabajó para la sociedad Juan de Robles. Juan Nicolás dijo que había quedado como consejero delegado por si tenía que firmar una venta o pagar una nómina, pero la administración la llevaba su hermano Eduardo.

La imputación que le formuló la juez Alaya a ambos hermanos, al igual que a los otros cinco empresarios que declararon como imputados, considera que cada uno "en connivencia con Sanma, con Mercasevilla y con el resto de las empresas licitadoras, favoreció con sus raquíticas ofertas, que tanto por su contenido como por su apariencia se asemejaban a ofertas de relleno, que la oferta ganadora fuera la de Sanma". El relato de cargos señala que todas las empresas que concurrieron, salvo Sanma, "incumplían intencionadamente algunas de las prescripciones del pliego", una conducta que Alaya tilda de "incoherente con una empresa que se presenta a un concurso con intención de ganarlo, pues la mayor parte de estas empresas no formularon oferta social, presentaron una escasísima oferta técnica, y algunas de ellas ni siquiera la presentaron, además de no cumplir casi ninguna la cláusula de revalorización del precio de compraventa".

Además de los dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, la juez Alaya tomó ayer declaración como imputados a otros cinco empresarios que presentaron ofertas en este concurso.

Antes de cada interrogatorio y después de leerles la imputación, la instructora recordó a cada imputado que el secretario general de Mercasa declaró en su día que se "quedó de piedra" cuando vio el volumen de las ofertas presentadas y que de haberlas conocido, se hubiera abstenido en la votación para aprobar la adjudicación a Sando, dado el escaso volumen de algunas de ellas. Con este preámbulo, la instructora planteaba por qué su empresa había presentado una oferta "tan alejada" de las prescripciones del pliego. El concurso lo ganó Sanma, que ofreció 106 millones de euros por el derecho de opción de compra de los terrenos del Mercado Mayorista, a pesar de que el grupo Noga, que no ha sido imputado, hizo una oferta de 158 millones, que superaba ampliamente la anterior y que lleva a la juez a estimar que la adjudicación fue "fraudulenta e ilegal".

Ante la juez también declararon ayer como imputados Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Realia Business, quien dijo que la oferta realizada en este concurso no pasó por el consejo de Administración, dado que eso dependía del departamento de Promoción de su sociedad.

El presidente del consejo de Administración de Prasa, José Romero González, dijo que su empresa se presentó al concurso como el que se presenta a un examen sin haberlo preparado, por lo que no tenía expectativas reales de hacerse con el concurso.

Por su parte, la presidenta y consejera delegada de Azucarera Larios, Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, mostró su desconocimiento sobre el concurso, al explicar a la juez que tenía un consejero delegado que se encargaba de todo, aunque precisó que en Sevilla su empresa jamás había hecho nada.

El presidente de Edamar, Martín Eugenio Sánchez-Ramade, al igual que la anterior afirmó que no sabe nada de los hechos que se investigan, al poner de manifiesto que tenía un equipo técnico que le asesoraba.

La juez tomó igualmente declaración a Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, quien sostuvo en su declaración que se dedica a la actividad comercial, que le enviaron la propuesta hecha que había que presentar al concurso y que como apoderado solidario se limitó a firmarla.

El maratón de declaraciones de Alaya finalizó sobre las ocho de la tarde, después de más de diez horas de declaraciones.