El juez militar central ha archivado la denuncia contra un teniente coronel de la base sevillana de El Copero, jefe del batallón de helicópteros, que fue imputado por presuntos delitos de acoso y abuso de autoridad por un suboficial de su unidad.

La denuncia se presentó a raíz del fallecimiento de la ecologista británica Wendy Clements, una activa defensora de Doñana, a causa de un accidente cardiovascular pero el juez cree que su muerte fue “una fatalidad” al haber sido convocado ese mismo día su compañero, un brigada del Ejército, a una reunión de trabajo en la que tuvo que apagar su móvil y no vio sus cinco llamadas de auxilio.

El juez militar central número 1, en un auto al que tuvo acceso este periódico, dice que la denuncia presentada por el brigada gira en torno al “luctuoso y triste suceso del fallecimiento de su compañera”, que “por muy doloroso que le resulte, no es objeto de investigación en este procedimiento” ya que de la prueba practicada no se deriva ninguna relación entre la asistencia aquella reunión y la defunción de su compañera.

Pero además, el teniente coronel jefe del Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma IV) de El Copero se incorporó en septiembre de 2018, casi un año después del fallecimiento de Wendy el 5 de diciembre de 2017, lo que “le excluye de cualquier tipo de responsabilidad” en la hipótesis de que su muerte “hubiera sido motivo de investigación en este procedimiento, extremo que descartamos”.

El brigada denunció presuntos delitos de abuso de autoridad por parte de sus mandos después de haber suspendido sus vacaciones reglamentarias -que había pedido para cuidar a su compañera tras una caída- con objeto de participar en una reunión preparatoria de la presencia del Ejército en Expo Joven de Sevilla.

Cuando regresó a su domicilio, la encontró inconsciente y con respiración agónica, por lo que resultaron infructuosas las maniobras de reanimación practicadas por el 061 durante casi una hora.

El Ejército “entendió que el brigada participaba voluntariamente”

Sobre la forma en que el denunciante fue convocado a esa reunión, el juez militar afirma que “no se ha podido determinar” quien de su unidad le llamó para consultar su disponibilidad, pero el Ejército “entendió que el brigada mostraba su total y voluntaria disposición a acudir a dicha reunión, sin ningún tipo de problema, tal y como venía siendo habitual en él”. Sin embargo, el interesado “entendió esa llamada como una orden“.

Otra de las controversia fue la supuesta negativa del teniente coronel a concederle días libres para unas pruebas médicas particulares. Dice el auto que lo único sucedido fue un “malentendido” en el que “por motivos no aclarados, solo se le notificó ese permiso para los días 25 y 27 de enero de 2020”, por lo que el suboficial  perdió otra cita para el 24 de enero. 

Recurrirá este “archivo exprés” porque no han declarado sus testigos

El auto de archivo se dictó tras la declaración de siete testigos, desde comandante hasta soldado, y la comparecencia del imputado por videoconferencia desde Sevilla el 13 de julio, tras lo cual el juez militar central consideró innecesaria la práctica de nuevas pruebas.

Pero el abogado que ejerce la acusación rechaza este “archivo exprés” y presentará en unos días un recurso ante el Tribunal Militar Central, principalmente porque se le han denegado todas las declaraciones de testigos que propuso.

La acusación afirma que este caso había despertado un “enorme seguimiento” en el Ejército y la Guardia Civil y lamenta que no fuese canalizado a través del departamento contra el acoso del Ejército potenciado por la ministra Margarita Robles.