Las administraciones públicas invirtieron el pasado año en la atención a los dependientes andaluces más de mil millones de euros, según las cuentas cerradas en los últimos días por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. De este montante, más del 60% lo puso la Administración andaluza, en un porcentaje superior al del Gobierno, aseguran desde el Ejecutivo andaluz.

Esta generosa cantidad equivale al negocio que genera anualmente cada Mundial de Fórmula 1. O lo que va a costarle a Royal Caribbean la construcción del Oasis of the Seas, el barco de cruceros más grande del mundo. O lo que costaría arrebatarle al Real Madrid a Cristiano Ronaldo, futbolista con una cláusula de rescisión de mil millones, llamada antijeques, que otro equipo debería abonar si quisiera hacerse con los servicios del portugués.

La cifra no es baladí y, en momentos de crisis, menos. De ahí el debate sobre la presunta tijera que se cierne sobre la aplicación de la ley, insostenible financieramente para algunos y que sigue creciendo paulatinamente bajo la amenaza de hacer romper las costuras de alguna administración.

La Junta, por ahora, le otorga el don de un derecho irrenunciable y reniega de propuestas ralentizadoras. La de Galicia, por ejemplo, que consiste en aplazar la entrada de los dependientes moderados que entrarán en el sistema el 1 de enero de 2011. Tesis que comparte Cataluña, cuya consejera de Acción Social, Carmen Capdevila (ERC), plantea ralentizar el despliegue, ya que "las personas más dependientes ya tienen sus casos resueltos".

A la espera de que las comunidades se vean las caras con el Gobierno en el próximo Consejo Interterritorial de la Dependencia -sin fecha aún, aseguran desde el Ministerio de Sanidad y Política Social-, Andalucía advierte que su apoyo incondicional a la ley estrella de la pasada legislatura no es ilimitada. Lleva meses solicitando contraprestación del Gobierno por hacer bien los deberes (uno de cada tres dependientes reconocidos es andaluz). Así lo avisó el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la semana pasada de visita en Portugal: "No puede ser que hacer los deberes suponga una mayor carga a quien los hace", se quejó Griñán.

La Junta apretará para que el Gobierno cumpla el compromiso asumido cuando la ley era un embrión de que aportará el 50% de la financiación. Pero su petición de que la población atendida prime en el reparto no tiene consenso de las comunidades que ahoran ganan por el criterio de población. Se avecina batalla. Todas piden más dinero, incluso las que anotan sin rubor en las estadísticas un número de beneficiarios muy por debajo de sus posibilidades. La queja es compartida. Galicia dice que pone 370 millones de sus arcas y sólo recibe 150. Cataluña critica que, por cada euro del Gobierno, pone 2,25. Extremadura un millón diario de sus arcas. Asturias, tres de cada cinco euros. Andalucía puso cada día dos millones de euros, hasta 730 millones en 2009.

Todas se quejarán y sólo Andalucía, quizá Cataluña, se congratularán si el criterio del nivel acordado se modifica y el reparto prima la población atendida en lugar del censo. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, aventuró ayer "avances" en los próximos días. "En algún momento tiene que llegar una situación de estabilización", apuntó Navarro, que rechazó que haya comunidades "que ganan en el reparto y otras como Andalucía que tienen que poner un porcentaje muy superior al que pone el Estado". En realidad, existe una imposibilidad de conocer cuánto destina cada comunidad. También en Andalucía, que no aporta el dato exacto del Estado. Un reciente informe de la asociación nacional de directores y gerentes de servicios sociales apuntó que Canarias, Murcia o Baleares ganan dinero con la ley.