El PP celebró ayer jueves el anuncio de que el Estado construirá la futura estación depuradora de la ciudad asegurando que es "la reacción que ha tenido el Gobierno de la Nación ante el incumplimiento, una vez más, de la Junta de Andalucía en el marco de sus competencias".

Según su portavoz, Ana Mestre, "la desidia e incompetencia de la Junta no sólo iba a afectar a Sanlúcar y los sanluqueños, sino incluso al ámbito nacional, ya que sus incumplimientos en materia de agua y depuración iban directamente en contra de la normativa europea y esta infracción conlleva sanciones económicas que tendría que soportar España y no la comunidad autónoma". "No es que el Gobierno de la Nación asuma y reconozca que el traslado de la depuradora es de su competencia, como manifiesta el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, sino que ante la incompetencia de la Junta y para evitar sanciones, el Gobierno se compromete a ejecutarla", dijo.

Mestre subrayó que "se ha vuelto a demostrar" que el Ejecutivo estatal "está con Sanlúcar independientemente del color político del Gobierno local". "Cumpliendo con lo manifestado en anteriores ocasiones en las reuniones con los vecinos afectados, las gestiones realizadas al más alto nivel han dado sus frutos y un resultado satisfactorio para Sanlúcar", añadió.

La portavoz del PP argumentó que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 2010 sobre el llamado Canon de Mejora Autonómico y Financiación de Infraestructuras recoge que "las inversiones de depuración son de interés de la comunidad autónoma y tienen la consideración de obras hidráulicas, de modo que lo que se recauda por el canon tiene que ser invertido en la financiación de la ejecución de las obras de depuración". "Eso incluye el traslado de la depuradora de Sanlúcar según la propia Junta en 2010", apuntó. En este sentido, aseguró que "estamos ante una obra de interés general de la comunidad autónoma y no del Estado, como ha declarado el consejero de Medio Ambiente en un claro intento de engañar a la ciudadanía".

Sobre la redacción del proyecto, recordó que en mayo de 2015 la Junta difundió que la había adjudicado a una UTE por algo más de 380.000 euros. "Sin embargo, ahora el consejero dice que cuando el Gobierno se pronuncie sobre la ubicación más adecuada, la Junta procederá a la redacción del proyecto", criticó Mestre. Según la portavoz popular, la Administración autonómica "mintió" entonces o lo hace ahora.