El Gobierno confirmó ayer que dos aviones estadounidenses con destino a Guantánamo hicieron escala en la Base de Rota en 2007 pero aseguró que ambos tenían autorización de España y que transportaban personal y material militar de EEUU, por lo que desmintió que fueran de la CIA y que formaran parte de la estrategia ilegal de secuestros y entregas de presuntos terroristas llevada a cabo por esa agencia de inteligencia.

El Ministerio de Exteriores dio esa explicación en un comunicado después de que IU-ICV pidiera explicaciones en el Congreso sobre tales vuelos que habían sido mencionados en un informe parlamentario portugués sobre la polémica estrategia de la CIA de traslados ilegales de detenidos.

Según Exteriores, ambos vuelos, uno del 22 de junio y otro del 30 de septiembre de 2007, pasaron sólo unas horas en la Base de Rota y "fueron autorizados después de que las autoridades de EEUU confirmaran por escrito" que "no transportaban pasajeros ni carga que pudieran ser controvertidos para España". En ambos casos llevaban personal o material militar estadounidense.

El Ejecutivo asegura que "se han respetado plenamente las disposiciones vigentes sobre la materia y los convenios internacionales suscritos por España" -continúa la nota de Exteriores- y aclara que no se trata de "vuelos de la CIA" sino de "las fuerzas armadas de EEUU" que están regulados por el Convenio de Cooperación para la Defensa.

"El Gobierno no tiene ninguna evidencia de que en territorio español se haya cometido ningún tipo de irregularidad" porque si la hubiera habido "no se hubiera tolerado jamás", añadió por su parte el portavoz socialista en el Congreso y ex ministro de Defensa, José Antonio Alonso.

Fuentes diplomáticas añadieron que se trató de "vuelos de Estado" sin "ninguna implicación negativa" que tuvieron como destino una base estadounidense importante.

Para el Gobierno, el convenio con EEUU ofrece suficientes garantías para que no pasen por territorio español pasajeros ni cargas "controvertidas". Para IU, según denunció su portavoz, Gaspar Llamazares, ese acuerdo es una especie de "cheque en blanco para que vuelos dentro de las bases sean impunes e inmunes".

Como ya hizo en el pasado sin éxito, IU-ICV pidió ayer la comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso del director del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Saiz, y de la ministra de Defensa, Carme Chacón, para que aclaren las escalas españolas de tales vuelos y expliquen su finalidad, ya que temen que el Gobierno tenga "algo que ocultar" y "o no se entere o no se quiera enterar" de actividades estadounidenses que violan los derechos humanos y el derecho internacional a causa de un "síndrome compensatorio de la guerra de Iraq", dijo Llamazares.

La coalición considera que el Ejecutivo ha mantenido una actitud "obstruccionista y opaca ante la Justicia española y ante el Parlamento, anteponiendo las razones de estado al conocimiento de la verdad". Además, Llamazares temió que una vez que se "ha puesto difícil" que la CIA use aeropuertos civiles españoles se opte ahora por las bases conjuntas.

En marzo de 2005, Diario de Mallorca denunció que varios vuelos secretos de la CIA, presuntamente destinados a trasladar a cárceles secretas donde se practicaba la tortura a personas detenidas ilegalmente, habían hecho escala en España. Esta información motivó el inicio de un proceso judicial que actualmente está en marcha en la Audiencia Nacional y que, entre otros puntos, investiga si el vuelo que trasladaba al ciudadano alemán Al Masri, detenido ilegalmente, hizo escala en España. Según el Parlamento Europeo, al menos 1.245 vuelos sospechosos pasaron por el espacio aéreo europeo de 2001 a 2005 y pudo haber una decena de secuestros ilegales en Europa.