El famoso caso del Odyssey Explorer desató la tormenta y el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Subacuático afloró, como el mejor antídoto, para amansar las aguas, trazando las medidas que en esta materia deben ejecutarse.

Todas y cada una de ellas se desgranan en el Libro Verde del Plan, que ayer fue presentado en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA), en Cartagena, de la mano de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, quien avanzó que firmará un convenio con la Guardia Civil para que el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) controle este patrimonio para evitar posibles saqueos.

Junto a Rafael Azuar, coordinador de la publicación y el arqueólogo Manuel Martín, desgranaron algunas de las principales medidas contempladas en este decálogo de 117 páginas. Entre ellas figuran desde la elaboración de cartas arqueológicas, la formación en este campo, acuerdos de colaboración con los Ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, hasta la protección física y jurídica de las zonas arqueológicas subacuáticas más emblemáticas del litoral.

En este punto, el Libro Verde toma como punto de referencia las comunidades de Andalucía y Cataluña, donde, apunta literalmente, "este expediente protector ya se está utilizando, de modo aparentemente efectivo, mediante las denominadas zonas de servidumbre arqueológica, espacios de protección arqueológica o áreas de vigilancia arqueológica". Tanto es así, que incluye un plano de Andalucía con las 53 zonas arqueológicas submarinas incluidas en sus aguas.

La publicación es el resultado de dos años de trabajo de una comisión de expertos encargados de desarrollar el Plan Nacional de Protección del Patrimonio. Un grupo integrado por los directores de los centros de Arqueología Subacuática de Andalucía (CAS) -con Carmen García Rivera al frente-, Cataluña y Valencia, además de especialistas de las diversas comunidades, universidades y del Ministerio de Cultura, a través de ARQUA. También han colaborado especialistas de la Armada y de los cuerpos de seguridad del Estado.

Según recogía la nota de prensa emitida ayer en la web del Ministerio, todas estas instituciones refrendan así el diseño de un espacio común de actuación en la protección del patrimonio subacuático.

En el último de los nueve capítulos que presenta el libro, donde se recogen las propuestas de actuación, se habla del desarrollo de programas de documentación, elaboración de inventarios o de cartas arqueológicas que mejoren la gestión del patrimonio español. Todo ello requiere de la normalización de las intervenciones arqueológicas, de la conservación del patrimonio -se aconseja que sea in situ- o la difusión. Para ello se ha analizado de forma exhaustiva la situación actual, marcada por un gran desequilibrio y carencias en los recursos para la investigación, equipamientos y equipo humano.

Por ello, la partida presupuestaria en protección asciende a 1.275.000 euros, frente a los 800.000 del pasado año.

La presentación del Libro Verde ha coincidido con la primera reunión del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO, creado como órgano asesor por dicha Convención de la que España forma parte desde el año 2005.