Para el próximo mes de febrero está anunciada la celebración de la audiencia previa del proceso judicial emprendido por el Ayuntamiento de Puerto Real contra la multinacional francesa Altarea por el abandono del proyecto del centro comercial Faro Bahía que estaba previsto levantar en los terrenos de Entrevías.

El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU), ha mostrado su confianza en que la Justicia estime las pretensiones del gobierno municipal y obligue a la empresa adjudicataria del proyecto a cumplir con lo pactado.

El regidor informaba de los pasos dados en sede judicial, destacando que una vez advertida la intención de Altarea de marcharse y de no atender el contrato suscrito con Puerto Real, se intentó que ésta no pudiese recuperar el dinero abonado solicitando la suspensión de un aval que se había prestado. Esta medida cautelar, según Barroso, fue estimada en el Juzgado de Puerto Real de forma inmediata y sin atender las pretensiones de Altarea por la urgencia del asunto. Sin embargo, el recurso a esta medida presentado por la firma francesa fue posteriormente aceptado, aunque Barroso apostilla que se llevó a cabo "sin imposición de las costas a Epsuvisa", la empresa municipal de suelo. También añade que la medida "no es firme y contra ella se ha interpuesto un recurso de apelación, actualmente en tramitación".

En paralelo a este proceso, el Ayuntamiento presentaba una demanda contra Altarea para obligarla a cumplir con sus obligaciones. Ya se ha tramitado toda la fase escrita y el proceso se encuentra a la espera de que en febrero se celebre la audiencia previa, antes de la fijación de la vista.

Barroso ha aclarado, ante las críticas vertidas desde la oposición municipal, que Epsuvisa, como contratante, y el Ayuntamiento, en cumplimiento del convenio urbanístico suscrito con Altarea, "atendieron de manera escrupulosa todas las obligaciones derivadas de ese acuerdo". Y añadió que el gobierno municipal "ha intentado en todo momento que el proyecto de Faro Bahía saliera adelante, atendiendo a todo lo que solicitaba la empresa siempre que estuviese bajo la legalidad vigente". Pese a todos estos inconvenientes, Barroso confía en que la Justicia estime las pretensiones municipales.