La Junta de Andalucía quiso quitar hierro ayer al informe de la Intervención General de la propia Administración, que analizaba la gestión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Cádiz entre los años 2009 y 2012. En dicho informe, como publicó ayer este periódico, se advertía de "limitaciones" y de "incumplimientos" que ponían en entredicho el control que existió en varios procesos formativos con respecto a los gastos y la justificación de las subvenciones otorgadas.

Sin embargo ayer, fuentes de las delegaciones territoriales de Empleo y de Educación en Cádiz (la primera como gestora del SAE y la segunda como responsable de las competencias de formación en la actualidad) indicaron que "este tipo de informes evidencia la exhaustiva y rigurosa revisión que se hace de cada uno de los expedientes en la Administración autonómica". Incluso, añadieron que la Administración "es la primera garantista ante este tipo de procedimientos, siendo sus informes más exhaustivos y rigurosos que los de las propias auditorías".

Sin embargo, esa justificación se queda a medias. En su respuesta, las fuentes de la Administración explican que el informe al que hace alusión la información publicada ayer por este medio también incluye afirmaciones como que "en todos los casos el informe que se emite afirma que no se han observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la entidad beneficiaria, aceptando como justificados los gastos contenidos en la cuenta justificativa aportada por el beneficiario".

Efectivamente, esa afirmación aparece no en una, sino hasta en tres ocasiones (dos referidas a sendos expedientes de los analizados por la Intervención General, y una tercera en las conclusiones de dicho documento). Lo que no dice la Administración en su respuesta es que el texto al que se refiere no está completo.

De hecho, como se aprecia en las imágenes sobre estas líneas, el texto continúa con la siguiente frase: "Sin embargo, el órgano gestor, tanto en el informe de justificación del gasto como en su resolución de liquidación de la subvención, practica deducciones fundadas en incumplimientos, así como en la no elegibilidad de algunos gastos imputados". Y continúa: "En otros casos, en el informe emitido, la referencia normativa utilizada es incorrecta o se limita a reseñar la cifra de gastos satisfecha por la entidad, por lo que se cuestiona la fiabilidad a efectos de la justificación de la subvención".

Más allá de este 'lapsus', la respuesta de las delegaciones de Empleo y Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz continuó asegurando que "en definitiva, se trata de un informe aislado y que forma parte de un procedimiento de revisión de todos los expedientes de los cursos de formación que aún se están estudiando a nivel general". Matizaron además que "hasta que concluya este trabajo y se estudie toda la documentación al completo y en las distintas fases de cada expediente no podrán emanar las conclusiones definitivas", aseguraron.

Por último, insistieron estas fuentes en que "hay que recordar que la Administración andaluza va a revisar individualmente cada uno de los expedientes sin excepciones, ya que la Junta no renuncia a ninguna cantidad de dinero que haya sido mal utilizada o no utilizada para la formación".