La investigación judicial en torno al supuesto fraude de unos 14,5 millones de euros correspondientes al plan Bahía Competitiva ha centrado sus miras en el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), organismo dependiente de la Diputación de Cádiz. De momento, la que fuera responsable de este departamento en el último gobierno provincial socialista, María José Valencia, fue citada el pasado miércoles a declarar en calidad de imputada en la Comisaría de la Policía Nacional de Cádiz a instancias de la jueza que lleva el caso.

Además, este periódico ha podido conocer que la investigación que viene realizando la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía también ha derivado en la toma de declaración en sede policial a varios técnicos de la Diputación. Los correspondientes atestados que elabore ahora la Udyco llegarán a manos de la jueza de instrucción, que determinará si Valencia y los técnicos interrogados permanecen imputados o quedan libres de cargo alguno.

El supuesto fraude del plan Bahía Competitiva estalló a mediados de 2011, cuando se confirmó que el Ministerio de Industria había iniciado la búsqueda del empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña -posteriormente detenido- como responsable de tres empresas que lograron ayudas dentro del plan de reindustrialización de la Bahía de Cádiz por valor de 14,5 millones de euros y que luego dieron la espantada sin devolver ese dinero.

Las denuncias de este supuesto fraude partieron de la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía dirigida por Antonio Ávila, que, además, dictaminaba pocas semanas después el cese de Antonio Perales como máximo responsable del plan Bahía Competitiva. Posteriormente formalizarían sendas denuncias tanto el PP Cádiz como la Diputación cuando ya estaba gobernada por el popular José Loaiza.

Curiosamente, al anunciar esta demanda Loaiza elogió el papel del IEDT y de la propia María José Valencia durante la gestión del plan Bahía Competitiva en el último mandato de Francisco González Cabaña como presidente de la Diputación. Entonces, Loaiza subrayó que en la gestión de estas ayudas de reindustrialización el IEDT se limitó a baremar las solicitudes que llegaron a la Diputación y a remitir luego esas calificaciones tanto a la Consejería de Innovación como al Ministerio de Industria, que era la administración que las aprobaba en última instancia. Incluso, y según confirmó Loaiza a medidados de 2011, el IEDT llegó a poner pegas a la concesión de tantas ayudas a las empresas de Dávila Ouviña, advirtiendo de que no era bueno acaparar tantas subvenciones y de que no veía capacidad suficiente en estas firmas empresariales para asumir el importe de las ayudas.