La Fiscalía del Tribunal de Cuentas sigue la pista de casi siete millones de euros que fueron gestionados por parte del Consorcio del Bicentenario de la Constitución de 1812. El caso que se conoció el pasado mes de abril ha pasado ya a la Sección de Enjuiciamiento del citado tribunal, después de que el fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, haya visto "indicios de responsabilidad contable" en la gestión del Consorcio entre los años 2007 y 2012.

En el informe redactado por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, se detallan hasta 16 hechos en los que los contratos, convenios o subvenciones concedidas por el Consorcio estarían en situación irregular. Y la suma de las diferentes partidas concedidas en todos esos supuestos eleva la partida económica puesta en duda por el Tribunal de Cuentas hasta los casi siete millones de euros (6.728.469 euros, en concreto).

La primera de las irregularidades reseñadas por el fiscal en su informe hace referencia a las operaciones realizadas en las tres cuentas que tenía abiertas el Consorcio, señalando que de un muestreo realizado en 94 operaciones, no se ha podido verificar el pago de 29 transferencias, que suman 2.067.304 euros.

Junto al movimiento de las cuentas, también se pone en entredicho el sistema de anticipos de caja fija, en la que se aprecia una "flagrante vulneración de la normativa vigente".

De las operaciones de mayor envergadura reflejadas en el informe, se incluye el convenio que el Consorcio suscribió con el Ayuntamiento, al que abonó 1.011.386 euros. Pone en duda el fiscal la validez del convenio (que firmó el presidente, que no tenía competencia para un gasto así), las actividades que se financiaron con él, ni que el dinero fuera entregado a empresas municipales.

Y también supera el millón de euros (1.020.700 euros, en concreto) el contrato de servicios de adaptación y puesta a disposición del Galeón Victoria, sobre el que también se aprecian irregularidades.

Ya en partidas menores, hay una amplia lista de contratos, convenios y colaboraciones que llaman la atención de la Fiscalía. Como un pago de 18.400 euros a dos personas por trabajos no especificados para una exposición "que no llegó a celebrarse" y que iba a llevar por título Cádiz, capital del reino. U otro pago de 8.500 euros a una entidad de la ciudad en concepto de indemnización. O la partida de 296.888 euros destinada para la cabalgata que Carlinhos Brown protagonizó por la Avenida principal de la ciudad, sobre la que el tribunal no ve justificada "la relación del acto contratado con los fines institucionales del Consorcio establecidos en el estatuto".

También pone el acento el Tribunal de Cuentas en la cantidad de operaciones cuya documentación no ha sido aportada, o que se realizaron sin seguir los protocolos o normas establecidas.

"Toda una amalgama de posibles irregularidades", concluía ayer el actual teniente de alcalde de Hacienda, David Navarro. Él fue el encargado en el día de ayer de anunciar esa existencia de indicios de responsabilidad contable que ha apreciado el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y del consiguiente traslado del expediente a la Sección de Enjuiciamiento del citado tribunal.

Pese a que los datos, dudas e irregularidades se ciernen sobre el Consorcio del Bicentenario (que integraban el Gobierno central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando), Navarro entiende que el informe conocido ayer es una demostración "de que esta ciudad ha estado gobernada por una banda de manirrotos" que ha basado su gestión en "irregularidades, irregularidades e irregularidades", como expresó al inicio de la rueda de prensa que ofreció ayer. Y al margen de las responsabilidades contables que entiende el Tribunal de Cuentas, el concejal de Hacienda afirmaba que hay detrás unas "responsabilidades políticas ya que eran representantes públicos los que gestionaban el Consorcio", por lo que exigió "responsabilidades a los políticos al frente del Consorcio del Bicentenario".