Elecciones en marzo para la Junta de Andalucía. Otras, las municipales, para finales de mayo. Los políticos andan ahora como si estuvieran sobre un cable a mucho metros de altura donde un paso en falso puede suponer una caída con un panorama incierto.

Una de las patatas calientes es la de la ocupación de la finca de la avenida de Portugal, unos pisos que se encuentran sin estrenar y que están embargados por una entidad bancaria. Decenas de personas, muchos de ellos niños, conviven en situación ilegal sin luz ni agua.

Un político con responsabilidad en una institución decía esta semana a este periodista que "tomar cualquier decisión" en temas como este es muy delicado y que a veces faltaba valentía en las administraciones.

Este mismo político explicaba que no se puede mirar para otro lado en asuntos como este pero darle una solución a estas personas garantizaba que inmediatamente en otro punto de la ciudad se ocupara otro edificio. Creía que se podría legitimar una situación que se considera ilegal. En otra de las administraciones, otro responsable político hablaba de la injusticia que puede suponer hacia las personas que se encuentran en el Registro de Demandantes de Viviendas y que han seguido todos los trámites legales para obtener un piso. Pero nadie quiere decir eso con una grabadora delante.

La decisión principal recae sobre las administraciones públicas pero sin olvidar que ahí el que tiene mucho que decir es la propiedad privada de la finca, en este caso un banco. Este es el que tiene que decidir si opta por la vía más expeditiva, es decir, el desalojo de los ocupantes de la vivienda a través de una denuncia, o también intenta llegar a una solución con la administración, en este caso la Junta de Andalucía.

Por ejemplo, para darles luz y agua necesitan la autorización de la propiedad privada porque el Ayuntamiento no puede dar ese servicio por su cuenta porque estaría prevaricando.

De momento, los miembros de la Corrala de la Bahía, como así se han autodenominado, han conseguido reunirse con la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y con el propio delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, aunque este último encuentro no ha trascendido. Buscan quedarse en los pisos a través de un salario social, para lo cual la Junta tendría que llegar a un acuerdo con el banco, una manera de legitimar una situación ilegal aprovechando que están en el alambre.