Cádiz

Profesionales de la Justicia apoyan las críticas de los jueces

  • Procuradores, graduados sociales y sindicatos coinciden en las carencias del sistema judicial en Cádiz

Instituciones ligadas a la Justicia apoyaron ayer las denuncias efectuadas por los magistrados de lo Penal de Cádiz, que criticaron la situación de la administración judicial de la provincia y las carencias con las que se encuentran en el ejercicio de su profesión. Los colectivos consultados corroboraron las deficiencias que los jueces sacaron a la luz. Por su parte, la delegada provincial de Justicia, Blanca Alcántara, declinó hacer manifestaciones al respecto a la espera de analizar las declaraciones realizadas por los magistrados a través de la jueza decana Nuria Orellana.

Procuradores

"Apoyamos al cien por cien lo que dicen los jueces sobre las deficiencias", afirmó ayer José Eduardo Sánchez Romero, decano del Colegio Oficial de Procuradores. Sobre el retraso de la creación de la Ciudad de la Justicia, Sánchez Romero dijo que "clama al cielo", añadiendo los problemas de dispersión de las distintas dependencias judiciales, lo inapropiado de las instalaciones del Estadio Carranza y la necesidad de la puesta en marcha de la Oficina Judicial. "Llevo 30 años ejerciendo en Cádiz y hemos tenido malas rachas, pero como esta no recuerdo ninguna", aseguró el decano de los procuradores. Sánchez Romero se refirió a la ausencia de un sistema informático común y recordó que en Cádiz, para los juzgados de lo Civil, la consejería de Justicia puso en marcha una experiencia piloto a principios de 2007 para la realización de los trámites por internet. "El primer día de funcionamiento se colapsó el sistema y desde entonces no funciona. Todavía esperamos que nos pongan una nueva aplicación", aclaró.

Por su parte, el decano de los abogados, José Manuel Jareño, declaraba ayer que no había leído ni escuchado las denuncias de los jueces, por lo que no podía emitir una valoración al respecto. Sin embargo, el colegio oficial que preside envió una misiva a los jueces en el mes de marzo quejándose de los retrasos en los horarios de los señalamientos en los juicios y demás diligencias judiciales.

graduados sociales

Igualmente se mostró de acuerdo con los jueces José Blas Fernández, presidente del colegio oficial de Graduados Sociales de Cádiz. Fernández incidió en la falta de preparación del personal interino y solicitó la especialización de los trabajadores en materia de Justicia. "Los profesionales estamos conciliando más que nunca por temor a enfrentarnos a juicios eternos y a la lentitud de los trámites", indicó. Calificó como "vergonzosas" las dependencias judiciales del Estadio Carranza y denunció su falta de seguridad. "Puedes ir tranquilamente por la tarde a Fondo Sur, bajarte en la tercera planta tras coger el ascensor y llegar hasta los despachos de los jueces. Nadie te pregunta dónde vas. Además no están señalizadas las instalaciones", manifestó Fernández.

El presidente de los Graduados Sociales dijo que los profesionales de la Justicia "tenemos una gran preocupación". Fernández recordó que "ninguna sede judicial de la Junta en Cádiz es de propiedad, ¿que interés hay en alquilar tanto?".

sindicatos

Dos de los principales sindicatos refrendaron las quejas de los jueces. Así, la sección sindical de Justicia de UGT cree que la actual situación de saturación de los juzgados de lo Penal de Cádiz es evidente y que la solución pasa por crear un mínimo de dos sedes nuevas en la capital. Pedro Moral, representante de este sindicato, confirma que el problema de la sobrecarga de trabajo es común en todas las provincias andaluzas. Desde UGT se recuerda su petición oficial de que se convoque una mesa sectorial en Andalucía para abordar de manera específica el problema de los juzgados de lo Penal, sobre todo después de lo sucedido con el caso de la pequeña Mari Luz, "que ha sacado a la luz pública lo que ya sabíamos en el ámbito judicial y sindical".

Javier Fernández, delegado sindical de Comisiones Obreras, afirma que la solución a este conflicto es la prevista reforma de la oficina judicial, un modelo para modernizar el sistema judicial en su conjunto y que prevé crear oficinas comunes, por ejemplo de ejecutorias penales, una ampliación de plantillas y creación de nuevos juzgados.

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