La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechó ayer la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para defender "la ausencia absoluta de discriminación" en cuanto a la financiación autonómica. La denuncia efectuada el pasado jueves por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre la detracción de 265 millones de euros en transferencias por parte del Gobierno central a causa de la liquidación negativa por dicha cantidad pendiente del ejercicio 2013 fue contestada tanto por los representantes del PP en Madrid como en Sevilla.

Sáenz de Santamaría negó cualquier tipo de "alevosía y secretismo", como había denunciado Díaz, en la operación contable. Es más, aseguró que "Andalucía es una de las comunidades autónomas que ha sido más beneficiada de los distintos programas, del Fondo de Liquidez Autonómico y del pago de proveedores y siempre hemos trabajado buscando la máxima colaboración".

La vicepresidenta defendió que que el Gobierno que representa se comporta "siempre en cumplimiento de la ley" y que durante toda la legislatura se ha caracterizado por "el máximo apoyo a todas las comunidades para el cumplimiento de sus obligaciones".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, fue más lejos y fue más duro a la hora de responder a la presidenta de la Junta. Además, le dio la vuelta a la versión ofrecida por Díaz en la que sostenía que Mariano Rajoy le había prometido buscar una fórmula de pago a plazos durante la próxima década de los 265 millones. Según Sanz, la realidad es que la Junta "no quiso acogerse" a este aplazamiento de la deuda resultante de la liquidación negativa de la financiación autonómica de 2013. "La presidenta de la Junta, Susana Díaz, miente descarada y conscientemente" cuando afirma que se han recortado 265 millones del Presupuesto andaluz sin previo aviso, afirmó el delegado del Gobierno.

Sanz explicó que según la liquidación definitiva de 2013, Andalucía tuvo ese año un saldo negativo de 265,27 millones a favor del Estado lo que, según ha apuntado, supone que "la Junta disfrutó de una sobrefinanciación por parte del Estado que tiene la obligación de devolver".

El delegado gubernamental recordó que "el Gobierno ofreció a la Junta la posibilidad de financiar esa devolución de la liquidación negativa a diez años, con cargo a los fondos de liquidez". Algo que se puede comprobar en una carta dirigida por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a la consejera María Jesús Montero fechada el pasado 31 de julio. Según, Sanz, Andalucía, tras decir que estudiaría la propuesta, "no pidió acogerse a ella". Esto demuestra, según el representante del Gobierno central en Andalucía que, en contra de lo que afirmó Díaz, "ni hay sorpresa, ni hay recorte alguno", sino una "polémica falsa e inventada sobre algo que quedó zanjado en su momento".

Sáenz afirmó que "la Junta pudo pedir la devolución aplazada, como hicieron Aragón y la Rioja, pero prefirió recibir el dinero íntegro de las transferencias en lugar de reservar una parte para el primer pago aplazado de la liquidación, a pesar de que conocía que era negativa, e incluso a priori se pensaba que la deuda sería mayor".