Los peritos de la Intervención de la Junta de Andalucía confirmaron ayer el "descontrol" que existió entre 2006 y 2010 en la concesión, gestión y justificación de las subvenciones para salud laboral y sensibilización en la seguridad en el trabajo concedidas por la Administración andaluza a CCOO. Fuentes judiciales explicaron a Efe que los peritos ratificaron esos extremos ante el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas.

Las ayudas que se habrían concedido desde la Junta a CCOO para seguridad laboral en ese periodo ascenderían a 2,1 millones de euros, y respecto a la sensibilización en el trabajo serían unas cantidades similares, añadieron las fuentes, que consideraron que en este caso podría subyacer una financiación ilegal del sindicato. Estas subvenciones tenían un carácter excesivamente generalista y podrían aplicarse a una amplia gama de actividades.

El juez ha imputado en este caso al que fuera secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, Miguel Ángel Soto Cubero, y a la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral del sindicato, Esther Azorit.

La representación legal de CCOO que asistió a la declaración judicial, aportó un cedé en el que asegura que se recogen documentos compulsados por la Junta de Andalucía sobre el correcto uso dado a las subvenciones que les concedieron.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla denunció delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos detectados a raíz de dos ayudas de la Junta a CCOO en el año 2009. Una de ellas era de 600.000 euros para el desarrollo de un plan de actividades divulgativas sobre prevención de riesgos laborales y otra de 400.000 para un programa de mejora de las condiciones de trabajo en Andalucía.

Entre los hechos recogidos por la Fiscalía figuraba el pago, con cargo a esas subvenciones, de viajes de militantes de CCOO a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.

En su declaración ante el juez, Soto Cubero afirmó que no hubo ninguna irregularidad penal sino solo "un error de contabilidad y en la justificación". Tras conocer la denuncia, CCOO depositó en el juzgado 20.383 euros, cantidad a la que circunscribe el error producido al justificar las subvenciones de la Junta.

Ayer CCOO precisó que la instrucción no está acabada, por lo que el juzgado no ha emitido resolución sobre las diligencias que se están investigando, sino que se está en periodo de instrucción.