La ley para la constitución de un ente público destinado a facilitar el crédito que fuera consensuada por PSOE e IU en la pasada legislatura sufrirá modificaciones tras las alegaciones presentadas por el Banco de España. Este proyecto fue una de las exigencias de IU a sus socios en la pasada coalición de Gobierno, hasta el punto de que esta formación supeditó su apoyo a las cuentas del ejercicio vigente al inicio de la tramitación de este instrumento que denomina como banca pública.

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, informó ayer en la rueda de la prensa posterior al Consejo de Gobierno de la posición desfavorable del Ejecutivo a una proposición de ley de IU sobre este ente porque han recibido unas alegaciones del Banco de España que empujarán a la Junta a modificar el proyecto.

El informe con las alegaciones del Banco de España -del que se ignora la fecha de remisión- no fue facilitado hasta que IU tenga conocimiento del mismo.

Según Jiménez Barrios, uno de los puntos en cuestión sería la petición de una ficha bancaria que posibilite a este ente a operar como una banca tradicional, e incluso en un futuro a captar depósitos de clientes. Ésta fue la mayor exigencia de IU en la negociación, que se recogió en el anteproyecto como una posibilidad de futuro, ya que el PSOE es más favorable a que este instrumento gestione únicamente los créditos o préstamos reembolsables que la Administración facilita e empresas o pymes, algo que ya existe.

El vicepresidente de la Junta señaló que entre las cuestiones que el Banco de España matiza está "la gestión de fondos sin personalidad jurídica" y comentó, a preguntas de los periodistas, que esta duda puede afectar a la petición de ficha bancaria que le permitiría operar como un banco tradicional, por lo que la Junta contrastará esta información con el Banco de España.

Las otras alegaciones del Banco de España tienen menor relevancia. Una es la oposición a que en los órganos de gestión de la entidad establezca mecanismos de participación ciudadana, otra de las reivindicaciones de IU. Además, el órgano competente para supervisar a la futura institución andaluza será el propio Banco de España, y no la Consejería competente en materia de Política Financiera.

El vicepresidente agregó que el texto inicial, aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de octubre del pasado año, deberá adecuarse a la nueva normativa del Gobierno sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, aprobada por Real Decreto el pasado 13 de febrero.

Jiménez Barrios insistió en que la Junta va a seguir defendiendo su anteproyecto de ley, pero tiene la "obligación" de adecuar su texto a los últimos acontecimientos.

De acuerdo con el anteproyecto que elabora la Junta, el ente de crédito público (ECA) tendrá como objetivo prestar respaldo financiero al tejido productivo andaluz, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Su actuación como entidad de perfil ético y sostenible, daría soporte a sectores tradicionales con un alto grado de especialización y a aquellos otros que presentan un elevado potencial de crecimiento.