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La Fiscalía sitúa a Manuel Vizcaíno contra las cuerdas

  • Pide dos años y medio de cárcel para el presidente porque lo considera "inductor" de prevaricación y malversación en una ayuda de Invercaria

Manuel Vizcaíno atraviesa por una situación difícil. Manuel Vizcaíno atraviesa por una situación difícil.

Manuel Vizcaíno atraviesa por una situación difícil. / joaquín hernández kiki

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una condena de dos años y medio de prisión y seis años de inhabilitación al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, al que considera "inductor" de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con el préstamo de 150.000 euros que la sociedad pública de capital riesgo Invercaria concedió a la empresa Own&Spa, de la que era consejero y socio promotor.

En el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño solicita al juez de Instrucción número 16 de Sevilla que acuerde la apertura de juicio oral contra los tres acusados en esta pieza separada de la macrocausa de Invercaria. El fiscal pide la misma condena para la hermana del presidente, María Ángeles Fernández, consejera delegada de la empresa, como inductora de los mismos delitos, y eleva a seis años de cárcel y diez años de inhabilitación la pena que reclama para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye la autoría de los delitos de prevaricación y malversación relacionados con la intervención en esta mercantil. El Ministerio Público solicita unas penas inferiores para Vizcaíno y su hermana porque aprecia en su conducta una circunstancia atenuante recogida en el artículo 65.3 del Código Penal, que establece que "cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate".

El fiscal concluye que la actividad real de Own&Spa Desarrollos S.L. fue "ridícula, sin un centro de producción ni trabajadores conocidos" y recuerda que la sociedad limitada se constituyó con un capital social de 3.000 euros y cuyo objeto social era el "diseño, construcción y puesta en marcha de instalaciones de ocio relacionadas con el agua, destinadas al buen cuidado físico y de la salud o de relajación o mantenimiento corporal", además de "gestionar contratos de licencia, asesoramiento y transmisión de tecnología de empresas nacionales y extranjeras relacionadas con instalaciones de agua", estando su domicilio social en la localidad sevillana de Bormujos, aunque "no se conocen centros de trabajo, producción o trabajadores", insiste el fiscal.

Dice el Ministerio Público que un poco antes de la constitución de la sociedad, en enero de 2007, Manuel Vizcaíno contactó con Invercaria a través del directivo Gonzalo Alba Beteré, con la idea de desarrollar "un negocio de Spa ligado a la actividad inmobiliaria", acompañando en ese primer contacto el acusado un "documento de pobre contenido".

El proyecto fue dado de alta en Invercaria ese mismo mes y comenzó al análisis por el departamento de Promoción, que el 5 de julio de 2007 comunicó vía e-mail que el proyecto y el plan de negocios "era insuficiente y la necesidad de profundizar en el análisis del proyecto", enviándose documentación el 3 de octubre pero sin modificar dicho proyecto. El 10 de octubre hubo una segunda reunión entre los hermanos Vizcaíno y el personal de promoción, cuyo director, Cristóbal Cantos, les manifestó una serie de "reparos definitivos" a la inversión, entre ellos que "Invercaria no aceptaba una elevada prima de inversión en la entrada en capital, injustificada en una sociedad sin actividad y que no se había exigido al resto de los socios", y concluía que en todo caso solicitaran "financiación adicional y distinta". Pero a pesar de que el director de Promoción expuso las "deficiencias" del proyecto a los directivos de Invercaria, el entonces presidente Tomás Pérez-Sauquillo, prosigue la acusación pública, "manifestó que había que estar a la espera, pues iba a hacer consultas, arguyendo un interés estratégico, aunque Cristóbal Cantos seguía manteniendo los reparos técnicos al proyecto".

En enero de 2008, tras una tercera reunión, María Ángeles Vizcaíno insistió en el proyecto, pero Cristóbal Cantos terminó por "archivarlo, pues ninguna comunicación habían recibido acerca del interés estratégico por Tomás Pérez-Sauquillo y las deficiencias técnicas apreciadas continuaban sin subsanarse".

"A pesar de todo ello, a sabiendas de que el director de Promoción se había opuesto, que el proyecto tampoco fue analizado por el departamento de Análisis, tal y como describe el procedimiento inversor establecido en el plan director de la compañía, el acusado Tomás Pérez-Sauquillo decidió personalmente conceder la ayuda". Así, el 23 de julio de 2008 se celebró un consejo de administración en el que presentó el proyecto al resto de consejeros, "en realidad sólo a Bienvenido Martínez, el único consejero asistente junto al acusado", al que manifestó que esta inversión había sido aprobada por el Comité de Inversiones.

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