Las medidas de simplificación de la PAC -tanto las que ya han entrado en vigor como las que ha propuesto recientemente el comisario Phil Hogan- han sido bien acogidas por los agricultores. Por ahora, ninguna de ellas entra a modificar los reglamentos de base por los que se rige la PAC, algo que se ha mirado con recelo -al menos desde España- porque podría abrir la puerta a una reforma encubierta de un modelo que a España le viene bien pero que ha sido contestado por otros estados miembros. Ése es un riesgo conjurado de momento, en tanto que el comisario se ha mostrado contrario a entrar a reformar ningún aspecto fundamental de la nueva PAC, y partidario de cambiar sólo normas secundarias, de cara a simplificar, "en beneficio de los agricultores y de la agilidad administrativa". Pese a ello, es posible que en 2017, cuando llegue la hora de la revisión intermedia, vuelva a plantearse el peligro.

Las últimas medidas de simplificación que ha propuesto Hogan a los miembros del Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo suponen un alivio del actual sistema de sanciones a los perceptores de la PAC que el mismo comisario ha calificado de "más justo y transparente".

Según el jefe de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro, son tres las principales medidas tomadas por el comisario irlandés, "que busca acabar con lo que el mismo ha dado en llamar el clima de terror a las sanciones que viven los agricultores y ganaderos que tramitan estas ayudas". El elemento fundamental de dicho paquete se centra en el sistema de penalizaciones para la mayoría de los pagos directos, tomando en consideración los errores no intencionados de los productores.

Así, en primer lugar, se abordan los controles preliminares de las solicitudes de ayuda, de forma que se permitiría a los agricultores hacer correcciones a sus solicitudes de ayuda, durante un periodo de hasta 35 días después de la fecha final de presentación, sin ningún tipo de sanciones.

En segundo lugar, según explica Antonio Caro, se simplificaría el sistema de sanciones administrativas para los pagos directos: "En el modelo actual -dice- el cálculo de las multas se basa en un sistema de tramos que puede provocar que algunas de las penalizaciones sean el doble de la superficie sobredeclarada. Con esta reforma, las diferentes categorías serán reemplazados por una sanción simple, que será 1,5 veces el área de exceso declarado, lo que supone suavizar la penalización". Esto quiere decir que con el nuevo sistema, si la solicitud tiene una sobredeclaración pequeña, no habría penalización, entendiéndose como pequeña un máximo de un 3% de la superficie declarada o de dos hectáreas. Y cuando el exceso de declaración fuera inferior al 10% de la superficie solicitada, la sanción se reduciría a la mitad.

Asimismo, la propuesta incluye que los pequeños agricultores que superen en hasta un 3% la superficie declarada o en dos hectáreas no serían penalizados. Esta reducción del nivel de las sanciones, tras ser aprobada, se aplicaría para 2016.

En tercer lugar, se establecería un sistema que se ha dado en llamar de "tarjeta amarilla" para las primeras infracciones. Así, cuando el exceso de declaración sea menor del 10 % de la superficie, la sanción administrativa se reduciría a la mitad y el perceptor en cuestión recibiría esa tarjeta amarilla.

Aquellos agricultores que reciban la tarjeta amarilla pasarían a formar parte de un registro y estarían sujeto s a un control sobre el terreno el siguiente año.

Estas medidas no son las primera del procesos de simplificación -que es una de las "prioridades Juncker", según Caro- sino que desde la CE "se está llevando a cabo un examen muy en profundidad sobre la posibilidad de simplificación administrativa que abarca tanto al primer como al segundo pilar de la PAC".

En esta simplificación el comisario Hogan -que es el que la lleva a cabo por mandato expreso de Juncker- está teniendo en cuenta, según ha dicho, tres principios básicos: respeto a las decisiones políticas del Consejo y del Parlamento en 2013; respeto a la gestión financiera de los fondos; y centrarse en los elementos de simplificación que beneficien a los agricultores.

Según Antonio Caro, ya en los últimos doce meses se ha hecho una revisión de la normativa y se han recibido más de 800 propuestas de simplificación por parte de los estados miembros y 350 del Parlamento Europeo y de otras partes interesadas, aunque no se ha discutido en el Parlamento un informe especifico. "Las propuestas -explica el experto de Asaja- abarcan diversos aspectos, tales como OCM, Desarrollo Rural, Sistema de Información Geográfica, pequeños productores, agricultor activo, y esencialmente el greening que ocupa más del 50% de dichas propuestas". De todas las propuestas se sacarán conclusiones en el Consejo de Ministros. Para ello, según Caro, "se han agrupado todas estas proposiciones en varios paquetes", cuya aplicación se fijó para 2015 (de las que se han llevado a cabo algunas y otras han quedado pendientes), otros en 2016 y otros en fecha ulterior. "Hay que tener en cuenta -explica- que algunas propuestas tienen que ver con los actos de base y otros con actos de ejecución y actos delegados es decir "actos secundarios" incidiendo en que "en este ejercicio de simplificación no se puede entrar en el ámbito de la normativa principal, o sea, los reglamentos bases adoptados en la reforma".

Así, según este experto "en esencia hay cuatro paquetes de propuestas: el primero se comenzó a poner en marcha ya en la primavera de 2015. Cabe recordar el plazo adicional que se dio a los Estados Miembros para ampliar en un mes el plazo para presentar la solicitud única y también una serie de acciones en relación con el REGA (el registro de Ganadería) que facilitaron la petición de las ayudas a los ganaderos.

El segundo paquete abordaba ciertos aspectos de la ecologización que también se empezaron a aplicar en mayo de 2015 y se referían a medidas que en España no han interesado porque no afectaban al modelo de greening que se eligió aquí, pero que sí han sido importantes para otros países europeos.

El tercer paquete es el que debía ser aprobado antes de 2015 y del que se han adoptado ya unas medidas y otras aún no. "Ese paquete -dice Caro- se refería a pagos directos, caso de la aplicación facultativa de la degresividad en ayudas asociadas, limitaciones a sociedades con jóvenes y "no jóvenes" para la percepción de los suplementos de ayudas, reducción del número y volumen de controles in situ mediante aplicación de sistemas más eficientes de muestreo y controles previos en proceso de solicitud de ayudas". En concreto, según Caro, la medida de aplicación facultativa de la degresividad en ayudas asociadas no se ha adoptado aún, mientras que el tema de las limitaciones a sociedades con jóvenes para la percepción de las ayudas sí se ha abordado, pero parcialmente en uno de los reales decretos que aprobó el Gobierno en diciembre, en concreto en cuanto al acceso a la reserva nacional de derechos.

El cuarto paquete, en el que aún no se ha entrado, es la revisión de las normas de greening. "Dichas mejoras -dice Antonio Caro- se realizarían en actos secundarios (sin modificar el nivel de compromiso y objetivo de greening) y se adoptarían en primavera o verano de 2016 para su aplicación, con toda probabilidad, en la solicitud única de 2017, pues es probable que su publicación no sea hasta el verano u el otoño de 2016.

Respecto a esta simplificación del greening, se están estudiando posibles medidas tanto en la norma de diversificación de cultivos, como en las de superficie de interés ecológico o en las de mantenimiento de pastos. Según el experto de Asaja, éste es un asunto más difícil "políticamente" para la Comisión, que tiene que lidiar con movimientos verdes muy poderosos en Europa.

En concreto, desde España se han planteado algunos asuntos como es el caso que se consideren cultivos distintos el trigo duro y el blando o que se cambien las normas que afectan a las leguminosas para las explotaciones que son 100% de alfalfa (que es un cultivo plurianual) y que no pueden cumplir la regla de los tres cultivos. También se reivindica que se entre en aliviar las penalizaciones por el incumplimiento del greening, que se flexibilizaron en los primeros años hasta 2017 pero que a partir de esa fecha son muy graves y pueden conllevar no sólo perder el 30% que se cobra por cumplir esas normas verdes sino que incluso pueden acarrear la pérdida de los derechos de pago base.