El promotor inmobiliario Tomás Olivo, dueño del centro comercial La Cañada en Marbella y de otros cinco complejos más en España, es el primer empresario del negocio del ladrillo de la Costa del Sol que alcanza el mercado bursátil. Desde el 4 de julio su sociedad, General de Galerías Comerciales, cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con una revalorización del 24% al alcanzar el pasado 16 de agosto 97,99 euros por acción, frente a los 79 euros de partida. En estas circunstancias, el valor actual de la compañía alcanza los 2.547 millones de euros. Es decir, la empresa de Tomás Olivo vale ahora 500 millones más que hace solo mes y medio.

Esta trayectoria confirma al empresario de Marbella como el promotor de éxito de la generación del pelotazo, aquella que emergió en el amanecer del siglo XXI al calor del boom inmobiliario, luego barrida del escenario por la crisis combinada por graves episodios de corrupción político urbanística.

El beneficio previsto para 2017 de la sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria (Socimi) General de Galerías Comerciales asciende a 100 millones de euros, otro dato que corrobora el recorrido meteórico de la compañía. Además, apenas un mes antes de estrenarse en el mercado alternativo comunicó el reparto de dividendos a los accionistas por importe de 52,3 millones de euros con cargo a los resultados de 2016. Esta cantidad fue prácticamente íntegra para Tomás Olivo al ser el titular 99,6% de la compañía. La cifra de negocio correspondiente al ejercicio pasado alcanzó los 87,6 millones de euros y los beneficios superaron los 65 millones de euros.

La comunicación remitida al Mercado Bursátil Alternativo el pasado 5 de julio informaba de que la empresa se había hecho a finales de julio con uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico de Granada, por el que había desembolsado 28,2 millones de euros con la pretensión de convertirlo en un "gran hotel", de acuerdo con el texto remitido al controlador.

General de Galerías Comerciales tiene el atractivo indudable de no arrastrar deuda. Uno de los datos más saludados de esta firma reside en que ha cimentado su expansión en fondos propios, sin acudir a los bancos nunca. Este aliciente, no obstante, no le exime de otras muchas dudas. Por ejemplo, tiene provisionados cerca de cien millones de euros para afrontar los litigios abiertos. Ahí está, precisamente, su talón de Aquiles.

Tomás Olivo fue juzgado y absuelto en el caso Malaya contra la corrupción político urbanística organizada por el gerente de urbanismo del GIL, Juan Antonio Roca, pero este contratiempo no ha sido el único en una carrera que destaca por su afición al riesgo y su habilidad para jugar a largo plazo en los tribunales. El método del empresario, que procede de Cartagena, igual que Roca y fundó General de Galerías Comerciales en Marbella en 1995 solo cuatro años después del desembarco de Jesús Gil y su hombre de confianza, consiste fundamentalmente en comprar suelos a buen precio, promover un centro comercial y ocuparse de su gestión.

Este es el caso de La Cañada en Marbella, el negocio más jugoso del promotor. Este complejo es el resultado de un pulso largo y litigioso contra la Administración que todavía no está plenamente resuelto. Sin embargo, el golpe de efecto más significativo ha tenido lugar en Granada. En 2005 inició la construcción del centro comercial Nevada en Armilla, una localidad del área metropolitana. En esta causa fue condenado a siete meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, por edificar en una parcela destinada a espacios libres. La Junta impugnó la licencia en 2006, pero en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)determinó que no lo había hecho en plazo. Seguidamente, Tomás Olivo reclamó a la Administración regional que le compensara el lucro cesante para compensar los años en los que el proyecto estuvo parado.

En mayo el TSJA puso fin a este capítulo con una sentencia que ordena al Gobierno andaluz a indemnizar a Olivo con 165 millones de euros. Entre otras cuestiones, queda como telón de fondo que los letrados de la Junta no aportaron a la causa ningún informe que rebatiera el montante de las pérdidas porque no asistieron a la vista por un presumible error de agenda.

En la trayectoria del empresario queda también una condena de siete meses por un delito de maltrato a su pareja, así como una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2011, justo cuando era juzgado por el caso Malaya, en la que consideraba nula su detención en este caso.