La Junta de Andalucía tiene muy claro que no tiene responsabilidad alguna sobre los daños sufridos por el colector de aguas pluviales que está entre las playas de Santa del Mar y La Victoria y que ha dado lugar a que la zona donde se encuentran los bloques que tratan de protegerlo, haya tenido que ser cortado al paso de las personas por el riesgo de derrumbes.

Tras las continuas quejas y requerimientos realizados por el Ayuntamiento de Cádiz y por la empresa municipal Aguas de Cádiz para que haga una obra que evite para siempre los problemas que allí se dan, la delegada territorial de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible, Ana María Bertón Belizón, ha enviado un escrito a Aguas de Cádiz dando respuesta a la reclamación “por vicios ocultos” en esta obra que finalizó en el año 2011 y que fueron realizadas por la administración autonómica a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

En este sentido, tras la solicitud de un informe a la citada agencia, en el escrito se deja claro que “las obras se ejecutaron correctamente, conforme al contrato suscrito con la UTE, tal como se refleja en el Acta de Entrega y en el Certificado de Finalización de Obra suscrito por su director en mayo de 2011”.

Asimismo, se indica que esta circunstancia “pudo ser corroborada por Aguas de Cádiz durante la ejecución de las obras, dado que se celebraron numerosas reuniones con sus técnicos en fase de proyecto, y en fase de ejecución de obra, y Aguas de Cádiz vigiló e inspeccionó la ejecución de las mismas”. Por todo ello, en el escrito se dice que “no puede aducirse que los defectos se deban a falta de adecuación”.

En esta misiva se recuerda que las obras fueron puestas en servicio para uso público el 2 de junio de 2011 (tras ser entregadas a la Administración). Incluso algunas partes de la misma, entre ellas el aliviadero de Santa María del Mar, ya habían sido puestas en servicio en 2008”.

Uno de los aspectos más importantes es que se entiende que “los daños producidos son consecuencia de temporales extraordinarios y no de falta de adecuación de la obra ejecutada o de vicios ocultos de la misma”. Por todo ello, “se estima que no corresponde al contratista acometer las reparaciones de los citados daños”.

Asi, la Junta de Andalucía recuerda que las obras finalizacon el 31 de mayo de 2011 y el plazo de garantía de las mismas concluyó el 2 de junio de 2013, “dos años desde la recepción y entrega de las obras”.

Desde Aguas de Cádiz siempre se ha defendido la tesis de que la Junta de Andalucía tenía que hacerse cargo de la obra a realizar porque así venía estipulado en el convenio que se firmó en el año 1994 entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para una serie de actuaciones relacionadas con infraestructuras relacionadas con el saneamiento y el abastecimiento.

De este modo, la carta de la delegada territorial concluye que el 9 de mayo de 2017, reunida la comisión de seguimiento del convenio marco de cooperación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, para la ejecución de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales del 23 de mayo de 1994, “se acordó la extinción del citado convenio sin más alegaciones”.