Sin duda, esta es una de las muchas preguntas que se hacen los gaditanos, especialmente aquellos que durante estos días atrás se han visto afectado en mayor o menor medida por las protestas del sector del metal en la ciudad, unas manifestaciones que han provocado colapsos importantes de tráfico en franjas horarias de mucho tránsito y que incluso llegaron a paralizar el transporte ferroviario por algunas horas.

Las protestas llegan a las vías del tren

La pregunta tiene difícil respuesta puesto que las reivindicaciones se engloba en una huelga indefinida del sector del metal, huelga que está asociada a la firma de un acuerdo que convenza a las partes implicadas: los trabajadores del metal por un lado y la patronal por el otro.

Hasta el momento, se han producido dos mesas de diálogo y las dos han terminado de igual forma: rotas a altas horas de la madrugada por la falta de acuerdo entre las partes.

¿Y por qué están bloqueadas las negociaciones?

Los principales escollos de las negociaciones se encuentran en el periodo de vigencia del convenio colectivo que se buscar acordar y una subida salarial.

Con respecto al segundo aspecto, la patronal ofreció un periodo de vigencia de 2021 hasta 2024, con un incremento salarial del 2% en cada año (en el caso de 2021 con carácter retroactivo desde el 1 de junio) salvo en 2024, que habría un 2,25%. Al término de este intervalo, si el IPC hubiera sido superior a estos porcentajes, se abonaría en un pago único el diferencial entre el alza del coste de la vida y el incremento salarial.

A continuación se lanzó una segunda propuesta, con un año menos de vigencia, hasta 2023. En este caso, se recogería un alza salarial del 2% en cada ejercicio, y al igual que en la anterior, se abonaría el diferencial con la inflación si el IPC es superior a este incremento salarial.

Al mantener los sindicatos como exigencia la revisión anual de las tablas salariales, los mediadores lanzaron su propia propuesta con un incremento del 1,5% a aplicar en 2021, elevándose al 1,75% en 2022 y 2023. Si el IPC es superior, se consolidaría en la tabla salarial en un porcentaje variable, entre el 20% y el 30% de la desviación en función del año. Además, se abonaría en un pago único la diferencia entre las subidas aplicadas y el IPC real de los tres años de vigencia del convenio.Evitar la pérdida de poder adquisitivo

Las tres propuestas fueron rechazadas por los sindicatos, que argumentaron que su objetivo prioritario es que “los trabajadores no pierdan poder adquisitivo”.

Con respecto al convenio, insisten en que no debería tener un periodo de vigencia mayor a dos años para acometer una revisión en profundidad de su articulado y adaptarlo a las condiciones cambiantes de la economía.