El PP ha enviado al Consejo de Garantias Estatutarias del gobierno catalán un informe en el que advierte que la citada administración no tiene competencias en la regulación de los festejos taurinos, ya que según la Constitución y las leyes vigentes, ello corresponde al Estado. Debido a esto, la votación de la ILP, prevista para mañana, es más que probable que se retrase en un mes. Según el PP, el Parlamento catalán no puede ordenar la prohibición, ya que el Estado es "el único órgano competente para poder regular los espectáculos taurinos, aunque su regulación sea competencia de la comunidad autónoma".

Los populares dicen que la Constitución "no recoge de forma expresa" la competencia sobre espectáculos públicos dentro de las competencias que asigna a las comunidades autónomas y al Estado. También argumentan que en el Real Decreto 1771 de 1 de agosto de 1985, en el que se traspasan las competencias a la Generalitat en materia de espectáculos, dice que "la fiesta de los toros se regirá por sus reglamentos específicos del ámbito nacional". El PP concluye que la ILP "no sólo está fuera del ámbito competencial de la Generalitat, sino que también se trata de una propuesta normativa que atenta clara y directamente contra los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la cultura".