El pleno del Senado aprobó ayer la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual con 157 votos a favor del PP y UPN, 86 votos en contra del resto de grupos y la abstención de 5 senadores. La modificación de la norma que el anterior Ejecutivo aprobó en 2010 permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacer con sus televisiones. Podrán mantener o no este servicio, y en caso de mantenerlo podrán prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. Además deberán tener en cuenta que en caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque no se permitirán desequilibrios en los presupuestos.

La Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.

El Partido Socialista ha criticado la reforma porque "no es neutral en cuanto a los modelos de gestión de las televisiones autonómicas, sino que favorece la gestión privada, y busca un claro ventajismo político para el PP mediante la privatización de los servicios informativos y su entrega a empresas afines". La oposición asemeja lo que está ocurriendo en RTVE con lo que va a pasar a partir de ahora en las televisiones autonómicas al haber aprobado la nueva ley. A estas críticas ha respondido Partido Popular asegurando que la reforma "no limita las competencias de las comunidades sino que las amplía, al permitir que cada una elija qué modelo quiere para gestionar su cadena autonómica". En este sentido, ha recalcado que la ley no busca la centralización sino que crea un paisaje audiovisual mucho más variado.