Letra pequeña

'Wifi' a granel

QUE no, dice la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones: que facilitar el acceso a internet es un negocio, no un servicio público. Que quien quiera internet, lo pague; que quien quiera ofrecerlo, cobre. Que el Ayuntamiento de Tenerife ya les fue con el cuento y lo echaron atrás. Poniendo en remojo sus barbas, la Concejalía malagueña de Nuevas Tecnologías ha empezado por dirigir una carta a la CMT con una propuesta parecida. Y no. Que si quieres arroz.

La idea sonaba bien: con la red wifi un ordenador no necesita cables ni demasiados chirimbolos para navegar por internet. En Nuevas Tecnologías habían pensado convertir las oficinas municipales en puntos de conexión donde cualquiera pudiese acceder a internet con un portátil y una antenita. La iniciativa debía formar parte de Málaga Valley, proyecto local hasta ahora poco resultón y con un nombre menos ingenioso aún, y con ella se pretendía que los malagueños dispusieran sin coste (sin coste directo, al final todo servicio público se paga) de un nuevo beneficio. La CMT no lo ve tan fácil. Cierto que en algunos pueblos se permite a la Administración suplir la actividad de operadoras privadas que no llegan por cualquier motivo. Pero en Málaga, para disponer de internet basta comprarlo. Si el Ayuntamiento quiere cumplir como otra operadora, sea. Pero sometiéndose a sus reglas: cobrando para que el producto se mantenga solo, no con transferencias del dinero municipal; respetando las leyes de la competencia (lo que no hacen tantísimas televisiones públicas, pero hoy estamos en lo que estamos). Con estas condiciones, la wifi para todos no es tan interesante.

Sin embargo, hay colegios privados y el Estado gasta una millonada en educación gratuita. La sanidad pública no se descuida aunque muchas clínicas funcionen como empresas. Y aparte las autopistas de peaje, todos pagan y usan las carreteras. ¿Por qué no pasa igual con internet? ¿No es un servicio público? ¿No debería ser costeado por la Administración para que cualquiera lo disfrute? Hay un acuerdo general en que ningún niño se quede sin pupitre ni ningún enfermo sin cama. Liberalizar o privatizar el teléfono, el agua, la electricidad, el gas, etc. nos demora en discusiones inacabables pero nunca inútiles. Un día el principio constitucional del derecho a la vivienda será un derecho efectivo; otro día se recogerá legalmente un derecho a navegar por internet y a partir de ahí nos plantearemos que el Estado proporcione conexión gratis total. Pero no ha llegado el día. Metamos de verdad los ordenadores en los centros educativos, que los maestros aprendan a usarlos para enseñar y, luego, cuando los ciudadanos manejen el ordenador como un periódico, un libro, un papel o un lápiz se verá si costeamos con dinero de todos un servicio que interese a todos. Si es que para entonces queda alguien que sepa manejar un libro.

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