Tecnología

La Comisión Europea propone nuevas normas para regular la publicidad política en internet

  • Destaca la prohibición de cruzar los datos de los ciudadanos de carácter sensible para enviarles anuncios personalizados

  • El reglamento establece también criterios de transparencia a la hora de mostrar anuncios en las redes sociales

  • La propuesta avanza en paralelo a las negociaciones sobre la ley de servicios digitales y a la de los mercados digitales

  • España será el único país de la UE que pone trabas a la publicidad en internet

La comisaria Vera Jourová.

La comisaria Vera Jourová.

La Comisión Europea propuso este jueves nuevas normas para regular la publicidad política en las redes sociales, entre las que destaca la prohibición de cruzar los datos de los ciudadanos de carácter sensible -el género, la raza o las creencias políticas y religiosas- para enviarles anuncios personalizados, a no ser que den su consentimiento.

"Los anuncios digitales con intenciones políticas se están convirtiendo en una carrera sin control de métodos opacos", dijo en una rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Valores y Transparencia, Vera Jourová.

"Hemos visto muchos ejemplos sobre los riesgos que surgen en el mundo digital, como los disturbios, este año, en el Capitolio (de Estados Unidos) o como Cambridge Analytica", continuó.

Según las encuestas con las que trabaja Bruselas, el 40% de los ciudadanos europeos "tiene dificultades" para saber si el contenido que ve en internet está financiado por alguien y observa "un incremento" de la desinformación en la red.

"No es un secreto que las protestas y la radicalización de la sociedad está alentada por algunos poderes políticos en nuestros Estados miembros que abusan de la situación e incluso a veces ganan elecciones", apuntó Jourová.

Transparencia

Por eso el reglamento establece también criterios de transparencia a la hora de mostrar anuncios en las redes sociales, como la obligación de especificar que se trata de un contenido político, determinar quién lo financia y cuánto dinero ha pagado por la elaboración de la información o dejar claro a qué campaña electoral hace referencia.

"Nuestra propuesta puede ayudar, al menos, a que la gente pueda ver quién les envía estos mensajes, quién está pagando y cuál es el interés político que hay detrás", señaló la vicepresidenta de la Comisión.

La norma, que ahora deberán negociar el Consejo de la UE (los países) y el Parlamento Europeo, no va dirigida únicamente a las plataformas digitales, sino a todos los actores implicados en la fabricación y difusión de la publicidad política, tales como agencias de relaciones públicas, partidos políticos o influyentes.

Si incumplen los requisitos, las autoridades nacionales de protección de datos deberán imponerles multas "proporcionadas", dijo Jourová.

La propuesta tiene el objetivo de regular únicamente los anuncios políticos pagados y que pueden "influir en el resultado de una elección o referéndum o un proceso legislativo", recoge el reglamento.

La Comisión quiere "respetar absolutamente la libertad de expresión", aseguró la vicepresidenta, por lo que no se prohibirán las publicaciones privadas con contenidos políticos en las redes sociales o aquellos anuncios personalizados que vayan destinados únicamente a los miembros de una organización.

Tecnológicas

Bruselas pretende regular un contenido muy específico de las redes sociales, como es el de la publicidad política, y por eso presentó una norma diferente a la ley de servicios digitales que también están negociando las instituciones comunitarias, para determinar la responsabilidad de las plataformas a la hora de eliminar el contenido dañino o ilegal en internet.

Precisamente este jueves los gobiernos de la UE llegaron a un acuerdo sobre esta ley, así como sobre la de mercados digitales, que establecerá nuevas obligaciones a las tecnológicas para garantizar la libre competencia en el mundo digital.

El objetivo de los legisladores europeos es que estas dos leyes puedan entrar en vigor en 2023, pero los eurodiputados y los gobiernos de la UE deberán acordar antes un texto común, en unas negociaciones que se iniciarán en el primer semestre de 2022, dirigidas por Francia, que asumirá la presidencia rotatoria de la UE.

La coincidencia de la presidencia francesa con las elecciones al Elíseo en abril del año que viene lleva a diversas fuentes consultadas por EFE a cuestionar que las negociaciones avancen con la rapidez deseada.

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