La magistrada Pilar Ordóñez pide al Instituto de Medicina Legal que se aporten estos dictámenes "a la mayor urgencia posible" dado que el cierre de la instrucción "pende" sólo de estos informes.

La Fiscalía exige en estos dos procesos judiciales que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento por las prejubilaciones de la lonja y los daños por el mayor brote de listeriosis de España.

Esta cantidad se sumarán a los otros 11.500 euros recogidos de la venta de 26 bienes embargados y depositados en las naves de la empresa.

Esta cantidad se sumará a los 11.500 euros que ya fueron obtenidos por la venta de otros 26 bienes embargados en la nave de la empresa que provocó el brote de listeriosis.

Considera que la pandemia del Covid-19 y la situación económica de los investigados hace improbable el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Las acusaciones alcanzan un acuerdo para la venta de estos bienes.

Se oponen a la petición de la Fiscalía de archivar la causa contra la funcionaria, al estimar que actuó de forma "dolosa y con mala fe" al dilatar las inspecciones para reducir la carga de trabajo.

Todavía queda por aprobar la venta de los vehículos intervenidos a los responsables de la empresa.

La petición de la Fiscalía de solicitar que el Consistorio sea declarado responsable civil de los daños causados por el brote de listeriosis puede acarrear un coste millonario a las arcas locales.

El Ministerio Público afirma que el Consistorio debe asumir las consecuencias de su "inacción, acción deficiente y acción tardía" para controlar la actividad que generó el mayor brote de listeriosis de España.