LAS sucesiones reales desconocían el valor de la política; llegaban cuando los reyes fallecían, y se trataba de solventar, por tanto, un hecho natural pero previsible pues, además de los impuestos, lo único seguro en la vida es la muerte. O se morían en la cama o se iban al exilio. Eso es lo que nos explicaban aquellas personas que se consideraban los voceros del Rey. Las monarquías parlamentarias han solucionado en sus constituciones el procedimiento de dicha sustitución y, lo que es más importante, dejan jerarquizados el orden dinástico. Tan es así - que no cabía la decisión política-, que el relevo en vida era considerado tan extraño que el único artículo de la Constitución española que se refiere a la abdicación depende de una ley orgánica que no sido desarrollada en 36 años de vigencia. La abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe se circunscribe, en exclusiva, a una decisión política. En su discurso, el Rey la explicó, y habló de "impulso a la renovación", de "corregir errores" y de "una nueva generación que reclama con justa causa el papel protagonista". Aunque con un deterioro propio de su edad, el Rey no abdica por enfermedad, sino por una falta de brío político para abrir un nuevo proceso. Por desgaste.

El pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, el Barómetro Joly dio cuenta del deterioro de la imagen de la Monarquía española. 2012 fue su peor año, y desde 2010 a 2014, fecha en que la empresa Commentia realizó este último sondeo, la popularidad de la Monarquía había bajado de un aceptable 63,1% al peligroso 30,1%. Muy bajo. Es cierto que todas las instituciones se han deteriorado en estos años, y que la monarquía aún estaba respaldada, pero de un modo muy débil. Y aún así el juancarlismo se dejaba notar, si bien es cierto que también éste se podía deteriorar.

Detrás del respaldo español a la Corona no sólo hay monárquicos, también republicanos que entienden que esta fórmula resuelve bien la jefatura del Estado en un país convulso. Eso es el juancarlismo, un modelo sustentado en la utilidad que este Rey ha tenido para el progreso de España y la consolidación de la democracia. Desde el momento en que la propia figura del Rey comenzó a erosionarse, el propio juancarlismo peligraba, y la solución buscada pasa no sólo por dejar el trono a su hijo, sino que éste demuestre la utilidad de la institución. No sólo debe heredar la corona, sino el juancarlismo, entendido éste como una aceptación de la monarquía por la vía de la utilidad.

Cuando a los andaluces se les preguntaba si eran monárquicos o republicanos, sólo un 41% se definía partidario de la realeza, aunque el porcentaje de tricolores era menor: un 34%. Ahora bien, si la pregunta no cuestionaba por la ideología, sino por ese pragmatismo, el aumento de partidarios de la Monarquía aumentaba hasta casi el 49%, la mitad. Es decir, cinco de cada diez andaluces opinaban que la monarquía seguía siendo el mejor sistema para España, con independencia si su alma política estaba en uno u otro lado.

Cierto es que el barómetro se realizó en uno de los momentos más bajos de Juan Carlos I. Desde su caída, literal y simbólica en Botsuana, su recuperación pública ha sido tan lenta como la física; a cada logro, llegaba un hito más de la falta de ejemplaridad de Urdangarín, que, de cometerlo, ha incurrido en el peor delito en el que puede caer alguien relacionado con la Familia Real: el fiscal. Los impuestos, el bolsillo de cada cual.

En los últimos meses, el Rey retomó su agenda y se dedicó a explotar uno de sus grandes éxitos, el de ser el mejor embajador de España. Mantienen en la Casa Real que su figura se recuperó, pero nada volvería a ser como antes: el cansancio hacia su figura y la aparición de una demanda de mayor grado de democracia, que es extensible a toda la sociedad, aunque algunos están sabiendo monopolizarla, aconsejaban el relevo, instalado en el ADN de las monarquías.

Cuatro de cada 10 andaluces opinaban, ya en febrero pasado, que el Rey debía abdicar en el futuro Felipe VI en esos momentos: un 60,7%. Y la opinión era aún más fuerte en los sectores más jóvenes de la sociedad, en especia entre los que cuentan entre 25 y 34 años, los que, por así decirlo, acaban de aterrizar en la realidad. Sólo los más mayores se mostraban más reacios al cambio: un 51% quería la abdicación, pero un 40,5% prefería que siguiese mientras su salud se lo permitiese.

La Constitución Española adjudica al Rey el papel de un "símbolo", el de la estabilidad y la moderación entre las fuerzas políticas del país. Felipe VI es un símbolo en sí mismo, representa la renovación de una España que debe mudar de piel y que afronte los desafíos territoriales, pero, sobre todo, es un estímulo también para que otras instituciones, partidos, empresas y gobiernos, asuman sus propios relevos como el único modo de afrontar unas responsabilidades políticas que detengan la desafección.