Integrar cada año a miles de nuevos alumnos inmigrantes (más de 85.000 el curso pasado), procedentes de los cinco continentes, a veces sin saber español y con un nivel académico inferior al supuesto para su edad, puede ser un quebradero de cabeza para las consejerías de Educación.

Para lograr que la integración de los estudiantes inmigrantes se haga de una manera adecuada, las comunidades autónomas están combinando la escolarización ordinaria con aulas de acogida en los propios centros, cursos intensivos de lengua, refuerzos educativos, personal especializado y programas de interculturalidad, entre otras medidas.

Algunas de las iniciativas que adoptan las autonomías generan grandes polémicas, como es el caso de los Espacios de Bienvenida Educativa, de carácter extraescolar, que la Generalitat de Cataluña aplicará desde septiembre en municipios de inmigración elevada que lo soliciten, inicialmente en Reus y Vic. En ellos acogerán temporalmente, antes de la escolarización ordinaria, a menores que llegan con el curso comenzado, que antes eran asignados directamente a un centro docente.

La crítica a esta iniciativa es por que los centros estarán ubicados fuera de los colegios, y los sindicatos advierten del riesgo de que se produzca segregación.

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, opina que la medida debe entenderse en el contexto de colegios que tienen un 80% de alumnado extranjero de 20 países.

Según la Ley Orgánica de Educación, las comunidades autónomas son responsables de los medios para atender a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, entre ellos los extranjeros; en todo caso, habrá una adecuada y equilibrada distribución de éstos entre los centros sostenidos con fondos públicos.

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (UGT) pide un reparto homogéneo, efectivo y real de todo el alumnado entre los centros públicos y privados concertados para evitar una selección por el currículum o la nacionalidad de los estudiantes.

El sindicato es contrario a la segregación por cualquier concepto como la lengua o la condición de inmigrante, ya que creen que los mejores resultados educativos se producen en modelos integradores.

Por su parte, Francisco Vírseda, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, resalta que ningún centro puede negarse a admitir a inmigrantes y cree que no lo hacen. "Es verdad que hay más inmigrantes en la escuela pública debido a que hay más centros de éstos que privados", resalta.

Vírseda valora la inmigración en la escuela. Además, reclama medios humanos y materiales suficientes, y defiende las aulas de acogida en los propios centros, donde se prepare a los alumnos en materias básicas, ya que la escolarización sin más, en un curso normal, puede ocasionar problemas de aprendizaje para ellos y sus compañeros.

Las administraciones pueden reservar para los estudiantes con necesidad de apoyo educativo una parte de plazas de centros públicos y concertados y autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos por aula para la escolarización inmediata, al inicio del curso.