Desde el pasado jueves, el Gobierno tiene un nuevo motivo más para la preocupación. Esta vez, el problema no viene generado por los efectos negativos de la crisis sino que procede del complejo mundo de internet, un universo con enormes lagunas jurídicas. La polémica procede de la disposición inicial de la ley de Economía Sostenible, que permitiría al Gobierno cerrar páginas web que vulneren los derechos de autor, sin autorización judicial.

La iniciativa, actualmente en estudio, ha sido recibida con un profundo malestar por una mayoría de internautas, especialmente por aquellos que encuentran en la red contenidos gratis que, de otro modo, deberían pagar, como películas o libros. La corriente crítica se ha materializado en un manifiesto suscrito por miles de internautas y blogueros, un "revuelo" que, según palabras de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, le parecía "positivo".

La importancia del asunto no está sólo en la controversia que ha desencadenado entre los usuarios de internet: en 2008, el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifraba en 17 millones el número de personas que se conectaban con asiduidad. El dilema está también en las implicaciones que los posteriores desmentidos y precisiones al anuncio han acarreado a su protagonista, colocándola en una delicada situación.

La principal perjudicada por la polémica ha sido González-Sinde, encargada de defender la iniciativa del Gobierno durante una reunión con internautas el pasado jueves. A las 24 horas, después de una tempestad de críticas, Zapatero mediaba en la polémica para negar de manera tajante que el Gobierno fuera a clausurar ninguna web. La intención de cerrar el debate de modo fulminante acabó con una desautorización en toda regla que el Gobierno no reconoce al tratarse de una iniciativa sometida a discusión.

Lo cierto es que tanta confusión ha vuelto a reforzar la sensación de que Zapatero ejerce un gobierno de signo presidencialista, al más puro estilo del francés Nicolas Sarkozy. El presidente cuenta poco o nada con sus ministros, relegados a la ingrata tarea de lanzar globos sonda a la espera de la respuesta social a las iniciativas. La mecánica recuerda a la empleada en ocasiones anteriores: la subida final de impuestos tras múltiples desmentidos, el envío de más tropas a Afganistán después de ni tan siquiera contemplarlo, o la ley del aborto. Todos esos casos dejaron en entredicho la autoridad de los ministros, como le ocurre ahora a González-Sinde, que se ha quedado sin red. Algunos apuntan a la dimisión como la salida más digna.

El problema no es desconocido para la ministra, pues viene a sumarse a una larga lista de polémicas que acumula desde su llegada al cargo el pasado 9 de abril, cuando fue bautizada como la ministra Sin descargas, por su oposición a los contenidos gratuitos en la red que vulneren los derechos de autor. Su designación provocó un movimiento de rechazo inmediato entre los internautas.

La desautorización de Zapatero no es tampoco el primer revés político que recibe, pues Bruselas suspendió recientemente las ayudas al cine español, paralizando futuros rodajes. La alarma para el Gobierno reside en la corriente de antipatía que despierta la ministra. La impopularidad de González-Sinde no ayuda a un Ejecutivo en horas bajas por la crisis, que experimenta un fuerte desgaste en las encuestas.

Y la polémica no hace sino crecer, con blogueros e internautas lanzándose a las calles. Ya ha habido concentraciones en casi todas las ciudades en contra de la norma antipiratería y "en defensa de los derechos fundamentales de internet". El presidente de la Asociación de Internautas, (AI), Víctor Domingo, afirma que las palabras de Zapatero "serían más creíbles si quitaran el anexo que han incorporado a la ley de Economía Sostenible", en referencia a la creación de una comisión administrativa que regule las descargas gratuitas. Se espera con expectación el desenlace de este nuevo enredo.