La masacre perpetrada en una escuela de Río de Janeiro por un ex alumno, que mató a 12 niños y adolescentes antes de suicidarse, reavivó el debate sobre el control de armas en Brasil, donde varios políticos y expertos abogaron por una legislación más rígida sobre este tema. "Sin un arma, las personas son menos valientes, y su ausencia evita que pasen actos impulsivos", expresó el ex subsecretario nacional de Seguridad Pública y miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública Guaracy Mingardi. 

La matanza en la escuela Tasso da Silveira ocurrió ocho años después de la entrada en vigor en Brasil del Estatuto del Desarme, que amplió las restricciones para llevar armas legalmente y estableció un plazo para que los propietarios de armas de fuego las registren ante las autoridades. Sin embargo, actualmente se tramitan en el Congreso brasileño once proyectos que buscan cambiar el texto del estatuto para incluir entre las personas autorizadas a tener armas a coleccionistas, integrantes de asociaciones de tiro deportivo, agentes de seguridad, agentes de tránsito y agentes de las Guardias Municipales de las ciudades, entre otros. 

Los defensores de la propuesta argumentan que el Estatuto del Desarme obliga a los ciudadanos cumplidores de la ley a renunciar a sus armas en un país donde bandas criminales acumulan grandes arsenales. "Los bandidos no compran armas legalmente. ¿Por qué un productor rural que vive a 100 kilómetros de una comisaría policial tiene que quedarse expuesto a riesgos?", se preguntó el diputado derechista Abelardo Lupion, del partido Demócratas (DEM). 

El diputado Onyx Lorenzoni, también del DEM, recordó que, en un referéndum realizado en 2005, el 63,94 por ciento de los brasileños rechazó una disposición del Estatuto del Desarme que prohibiría la venta de armas de fuego y munición en todo el país, salvo para unas pocas entidades autorizadas. "La sociedad quiere mantener el derecho a la legítima defensa, cumpliendo una legislación que ya es una de las más rigurosas del mundo. Las masacres y el narcotráfico no tienen nada que ver con armas legales", sostuvo. El resultado del referéndum también fue recordado por el presidente del Senado, José Sarney, al comentar la masacre en Río: "Recordemos que Brasil aprobó en plebiscito la continuidad de la venta de armas. Que este ejemplo nos lleve a revisar el error", expresó el ex presidente brasileño (1985-1990). 

El control de armas en Brasil está en debate desde el inicio del siglo, cuando el pasado gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) creó un sistema nacional de registro de armas y elaboró el proyecto del Estatuto del Desarme, aprobado por el Congreso en 2003. Según las estadísticas del Ministerio brasileño de Justicia, desde ese entonces los ciudadanos devolvieron voluntariamente a las autoridades medio millón de armas, y el índice de muertes causadas por armas de fuego bajó un once por ciento. 

Sin embargo, la organización no gubernamental Viva Río -que está en la vanguardia de la lucha por el desarme de la población civil- argumenta que la situación sigue siendo grave, ya que sólo un diez por ciento de las armas de fuego que circulan en el país están en poder del Estado. Además, un estudio del Ejército divulgado el año pasado reveló que, entre 2005 y 2010, fueron comercializadas en el país 494.500 armas de fuego, un número virtualmente idéntico al de artefactos entregados voluntariamente al Estado en el mismo período. Los expertos calculan que existen además en el país unos 8,4 millones de armas ilegales, de las cuales 3,9 millones están en poder de delincuentes. El restante está en manos de la población civil.