El sector educativo está sacando su artillería pesada para acabar con el nuevo modelo que el Gobierno en funciones quiere establecer para acceder a los estudios universitarios. Recursos judiciales, iniciativas parlamentarias y el anuncio de una huelga educativa para el 26 de octubre parecen cercar a las pruebas finales, conocidas como reválidas.

El examen que establece la Lomce desde este curso se dirige a los alumnos que cursan cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato. Los estudiantes no necesitarán superar las evaluaciones, en su primer año de implantación, para obtener los títulos correspondientes. Sin embargo, la prueba sí contará las calificaciones de Bachillerato para el acceso a la Universidad.

Su estructuración es la principal razón para que la mayoría de las comunidades autónomas y buena parte de la comunidad educativa hayan pasado a la acción para intentar paralizarlas.

Los recursos presentados ante el Tribunal Supremo por varias comunidades autónomas contra el real decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato alegan, entre otras razones, que un Gobierno en funciones no está capacitado para aprobarlo, como hizo el pasado mes de julio, o que se trata de unas pruebas que frenarán a los alumnos que no las aprueben.

Doce comunidades se han posicionado contra la puesta en marcha de las reválidas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Además, las comunidades gobernadas por el PSOE también han solicitado al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, una conferencia sectorial para tratar estas pruebas, aunque ya se celebró una en mayo. Entre las regiones gobernadas por el PP, el consejero de Castilla y León, Fernando Rey, ha sido crítico con la evaluación de Bachillerato.

La mayoría de los sindicatos de docentes y asociaciones de padres y estudiantes rechazan estas pruebas y así se lo transmitieron al Ministro durante la ronda de contactos puesta en marcha por iniciativa suya de cara a un hipotético pacto educativo. Además, algunas proposiciones no de ley presentadas en el Congreso en septiembre por Podemos, PDC y Grupo Mixto se encaminan a pedir, además de la derogación de la Lomce, la paralización de las reválidas.

Por otro lado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en funciones anunció que podría ser el encargado de la puntuación de las pruebas de 0 a 10 puntos en la evaluación final de Bachillerato de la Lomce y dejaría en manos de las universidades el tramo que comprende de 10 a 14 puntos.