El nuevo Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) afrontará los próximos 6 años múltiples retos, incluidos el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña y la renovación del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, pieza clave para el cierre de las centrales nucleares fijado en 2035.

El nuevo pleno, con mayoría del PSOE, está presidido por Josep María Serena i Sender al que le acompañan Elvira Romera Gutiérrez, María Pilar Lucio Carrasco y Francisco Castejón Magaña, este último a propuesta de Podemos, como nuevas consejeras y consejero de este organismo, a los que se suma Javier Dies del PP (la renovación solo ha afectado a 4 de 5 consejeros).

En declaraciones a Efeverde Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, ha explicado que los nuevos miembros se enfrentan a un sexenio con un "ingente número de tareas" y ha resaltado la caducidad de las licencias de los 7 reactores: Almaraz (2), Ascó (2), Cofrentes (1), Vandellós (1) y Trillo (1).

"Más allá de que se cumplan los planes del Gobierno para la ampliación de vida de los reactores -según los datos del Plan Nacional Integral de Clima y Energía 2020-2030-, todas las licencias de las centrales van a tener que ser revisadas o para cerrarlas o para ampliarlas", ha detallado Montó.

La autorización para la mina de uranio de Retortillo (Salamanca), la más grande de Europa a cielo abierto de este elemento e inmersa en múltiples polémicas administrativas, también sobresale entre los desafíos en materia de seguridad, que deberá tratar el nuevo Pleno cuyo nombramiento se publicó el 30 de marzo en el BOE.

Aunque meses atrás el CSN ya aprobó sendos informes de impacto radiológico y medioambiental sobre el proyecto minero, y pese a que la última palabra sobre la mina recae en el Ministerio para la Transición Ecológica, los estudios en los que tiene que intervenir el CSN son vitales para el plan la empresa australiana de Berkeley.

Montón ha señalado que la mina de Retortillo es un asunto de gran importancia qué, sin duda, pondrá a prueba si "este nuevo Pleno tiene como prioridad proteger a la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones".

Otro tema relevante es el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que sustituirá al actual (2006), y que deberá ser presentado, a la mayor brevedad posible, por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Antes de la aprobación del PGRR, por el Gobierno que resulte de las elecciones del 28-A, el citado plan deberá someterse a evaluaciones ambientales a tratar por la propia Enresa y el Consejo de Seguridad.

Ligado a la actualización del PGRR se encuentra la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), un silo en "parada legal y administrativa grave" y en el que durante los últimos 6 años no se ha avanzado "nada", ha precisado la ecologista.

A su juicio, muchos aspectos del cementerio nuclear en Cuenca -actualmente en suspensión a la espera de la actualización del PGRR- han quedado "en el aire" y es evidente, que el CSN tendrá que ponerse con ello cuanto antes.

Pese a las múltiples polémicas en la que se ha visto envuelta la renovación del presidente y los consejeros, Montón, ha asegurado "no tener ninguna duda" acerca de la legalidad del proceso de nombramiento de los cuatro consejeros.

En este punto, ha matizado que los últimos movimientos del PP -recurrió al Tribunal Supremo los nombramientos en el Consejo de Seguridad Nuclear, que lo rechazó- sólo pretenden generar un debate "político y mediático" para enturbiar el proceso.

Asimismo, ha abogado por la transparencia en esta nueva etapa que ahora comienza y ha lamentado que durante los últimos seis años haya sido una tarea "oscura y difícil" informar a la ciudadanos y a los medios de comunicación y ha sugerido un cambio en esa línea que sería muy saludable.