Por segundo año consecutivo, la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) marca la vuelta al cole. El curso pasado fueron las comunidades gobernadas por el PSOE y Navarra las que empezaron a impartir la polémica materia en 3º de ESO y este año se sumarán las gobernadas por el PP. Así, EpC se generaliza este curso en la Secundaria de todas las comunidades, a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) resuelva los recursos relacionados con la objeción de conciencia y a la sombra del enfrentamiento entre el Gobierno y las autonomías gobernadas por el PP.

Por vez primera, los centros de ESO y Bachillerato de Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja impartirán clases de esta asignatura, que ya comenzaron hace un año en las otras autonomías.

Durante este tiempo, la controversia entre el Gobierno y autonomías gestionadas por el PP ha crecido a propósito de las regulaciones autonómicas de la asignatura y la intención de admitir las objeciones hasta que se pronuncie el Supremo. El movimiento objetor ha conseguido que algunos Tribunales Superiores de Justicia, como los de Andalucía y La Rioja, respalden la inasistencia a clase de alumnos cuyos padres consideran que ciertos contenidos vulneran el derecho a educarlos según sus convicciones morales, aunque también se han dado sentencias de signo contrario en otras comunidades. Los fallos han sido recurridos por las Administraciones autonómicas y el Ministerio de Educación o por los objetores, según los casos, ante el TS.

En julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) suspendió cautelarmente, a petición de CCOO y del Ministerio de Educación, la orden de la Generalitat que permite presentar un trabajo a los alumnos que objeten. La otra opción consiste en asistir a las clases ordinarias, en las que un profesor desarrolla la materia. El TSJV admite que la asignatura se imparta en inglés, pero manifiesta que, en este caso, no es posible que se puedan evaluar específicamente los conocimientos sobre esta lengua.

El Gobierno de La Rioja anunció ese mismo mes que admitirá las objeciones de conciencia y eximirá a los alumnos de ir a clase y ser evaluados, sin perjuicio de un pronunciamiento judicial posterior. Por el contrario, otra comunidad, también gobernada por el PP, Castilla y León, no ampara la objeción porque impediría que los alumnos pudieran graduarse en ESO. Sin embargo, la Junta matiza que el currículo que desarrolla la materia en esta comunidad, recurrido por el Gobierno central, la "ha vaciado" de "carga doctrinal". Las autoridades murcianas también discrepan de la regulación estatal de EpC y piden que sea optativa.

El debate continúa, ya que ayer mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció que va a recurrir el auto dictado por un juzgado de Albacete que suspende de forma cautelar la obligación de acudir a clase de EpC para seis alumnos de esta capital. La consejería de Educación indicó que recurrirá la resolución por no compartir la urgencia alegada en la misma y explicó que la decisión judicial no tendrá ningún efecto sobre la implantación de la asignatura este curso.