Varias CCAA han defendido que las plazas públicas de docentes que han convocado para 2011 se ajustan al límite legal, frente a la opinión del Gobierno central, que ha recurrido por la vía contencioso-administrativa las oposiciones en Castilla y León, Cataluña y Navarra.

En los tres casos, la administración central aduce que se rebasa el máximo del 30 por ciento de cobertura de vacantes (tasa de reposición) al que obligan los Presupuestos Generales del Estado de este año, según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, que no descartan más recursos contra otras comunidades por el mismo motivo.

No obstante, la consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, ha precisado que no ha recibido ningún requerimiento del Ministerio de Educación sobre que se haya superado el número máximo de plazas y ha insistido en que la Generalitat, que ha convocado unas 1.200 puestos docentes, ha cumplido la norma. Ha opinado también que la discrepancia por este tema haya nacido quizás entre ese ministerio y el de Economía y Hacienda.

La Consejería de Castilla y León ha argumentado que las 510 plazas de maestro convocadas en esta autonomía se basan en el número de jubilaciones de esos dos años, ya que las oposiciones son bianuales, sin que hubiera, asegura, ninguna indicación previa de la administración central en otro sentido.

En Navarra, la Asesoría Jurídica del Gobierno foral prepara ya las alegaciones, pues la convocatoria de 132 plazas docentes "cumple" la ley, después de que hubiera 471 jubilaciones en 2010. "Si la Abogacía del Estado recurre, llegaremos hasta el final", ha advertido, a su vez, la consejera de Educación de Extremadura, Eva María Pérez, aunque ha precisado que la Junta no tiene constancia "ni oficial ni oficiosa" de esta posibilidad.

Las oposiciones de Extremadura, Aragón, Andalucía y Baleares serán también recurridas, según publica El País citando "fuentes del Gobierno". La consejera de Extremadura ha indicado que la convocatoria de 241 plazas de maestro en esta comunidad respeta "escrupulosamente" la tasa de reposición y ha pedido que esta cuestión se aclare cuanto antes, sobre todo para despejar "los miedos" de los opositores. Pérez ha sugerido que quizás hubiera sido conveniente, para evitar interpretaciones divergentes, que el Gobierno remitiera una circular a las CCAA explicando si había que tener en cuenta las jubilaciones de 2010 y 2009 o si eran para las de todos los enseñantes o sólo los de primaria.

Baleares, que ha concentrado toda la oferta de empleo público en la enseñanza, ha convocado 50 plazas de maestros y 100 de profesores y mantiene contactos con el Ministerio de Educación para estudiar la especificidad de esta comunidad. Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación de Andalucía, donde se han convocado 3.796 plazas, han preferido no comentar ningún posible recurso por desconocerlo. Y Aragón, que tampoco ha recibido notificación de recurso alguno, sigue adelante con las previsiones de 332 plazas públicas de personal docente.

La Rioja, que no ha convocado ninguna plaza, renunció a sacar las 200 que creía necesarias debido a las restricciones legales, así que considera justo que se recurran las oposiciones si no se respetan los máximos. El Gobierno de Castilla-La Mancha, que tampoco ha convocado, cree que era de esperar que se recurrieran, pues es una "gran irresponsabilidad" saltarse la ley.

Entre el resto de comunidades, Galicia ha convocado 268 plazas (250 de ellas de maestro); Madrid, 489 plazas de maestro; y el País Vasco, 1.515 de maestros en noviembre pasado, antes de que se aprobara la Ley de Presupuestos del Estado de 2011. El Gobierno asturiano, tras haberlo descartado inicialmente, ha publicado 125 plazas (118 para profesores y 7 para inspectores); y la Comunidad Valenciana, 110 en total, para maestros (80), profesorado de Secundaria (20) y de Formación Profesional (10). Cantabria ha convocado 65 plazas de maestro este año, pero no se cubrirán hasta 2012.

En la comunidad educativa, CCOO opina que los recursos del Gobierno son una "agresión sin precedentes" a la enseñanza pública y anuncia movilizaciones; y el sindicato ANPE denuncia el "caos organizativo y de coordinación" entre las administraciones, mientras que la confederación de asociaciones de padres CEAPA creen que la atención a la diversidad del alumnado se resentirá si hay menos profesorado.