Los usuarios de los teléfonos móviles con tarjeta prepago que no se hayan identificado ante su operadora serán desconectados mañana. No obstante, el Gobierno alcanzó ayer un acuerdo in extremis con las principales compañías de teléfono que operan en España para ampliar seis meses el plazo que tendrán estos clientes para identificarse y recuperar su línea. Si pasado este periodo el usuario no se ha registrado, la línea se dará de baja definitivamente.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer que su departamento ha llegado a un acuerdo con Telefónica, Vodafone y Orange, las principales compañías que operan en España, para ampliar en seis meses el plazo para que los clientes de móviles con tarjeta prepago puedan identificarse y no perder su línea. El ministro calificó el acuerdo con las empresas como "perfecto" y "equilibrado" porque todas las partes se sienten "reconocidas".

Por un lado, explicó que el ministerio mantiene su objetivo de identificar a todos los usuarios en un "sector clave para la investigación policial". Por otro, indicó que con este plazo adicional tanto las operadoras como los usuarios no se ven perjudicados, ya que las primeras podrán mantener su cartera de clientes mientras que los segundos podrán recuperar su línea en cualquier momento en caso de que no se hayan registrado antes de mañana. En las negociaciones que las operadoras mantuvieron, a través de la patronal Redtel, con el Gobierno, éstas pedían una interpretación flexible de la ley, de forma que los clientes no identificados vieran sus líneas bloqueadas pero que en el caso de que cumplimentase el trámite a posteriori, pudiesen recuperar la operatividad de la línea, de forma que no arrastrasen los inconvenientes de tener que cambiar de número de teléfono y de perder el saldo.

Rubalcaba recordó que la "opacidad" que existía en este sector de la telefonía permitía a los delincuentes comunicarse sin que las autoridades estuvieran al corriente, por lo que subrayó que esta medida, adoptada por la Ley de Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2007, permitirá a las fuerzas de seguridad del Estado acceder a las líneas sospechosas de delincuencia organizada.

Las operadoras de telefonía estiman que quedan aproximadamente tres millones de usuarios de tarjetas prepago que no se han identificado ante sus operadoras. No obstante, el ministro consideró que la adoptada es la medida "más directa" posible, ya que en el momento en el que necesiten usar el teléfono las operadoras les informarán de lo que deben hacer para recuperar la línea.

Los usuarios a los que se les corte la línea mañana recibirán un aviso de la operadora cada vez que intenten hacer una llamada. En este mensaje se les advertirá que deben contactar con la compañía para identificarse. Pasados los seis meses de plazo, si el usuario no se ha registrado, perderán la línea definitivamente.