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Sociedad

El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos a la ley del Aborto

  • El Alto Tribunal pide al Gobierno y al Parlamento que formulen alegaciones a la petición del PP de suspensión cautelar de los preceptos recurridos de la norma.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos del PP y el Gobierno de Navarra contra diversos preceptos de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, al tiempo que establece que se oiga al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, en el plazo de tres días, formulen alegaciones a la petición del PP de suspensión cautelar de los preceptos recurridos de la norma, que entra en vigor el próximo 5 de julio.  El Alto Tribunal da traslado de ambas resoluciones al Ejecutivo y las dos Cámaras para que formulen alegaciones, en el plazo de quince días, en relación a la admisión a trámite de los recursos. Al mismo tiempo, pide que se les oiga en relación a la petición de suspensión cautelar para que, en el plazo de tres días, puedan hacer alegaciones. 

El pleno del TC, a propuesta de la Sección Cuarta, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados y, en su representación y defensa, por el Comisionado don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, contra ocho preceptos de la norma (artículos. 5.1 e), 8 in limine y letras a) y b), 12, 13.4, 14, 15 a), b) y c), 17.2 y 5, 19.2 párrafo primero y disposición final segunda). Del mismo modo, el pleno del Constitucional ha acordado, a propuesta de la Sección Primera, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Navarra contra el párrafo segundo de la disposición final quinta, el artículo 14 en relación con el 17 y el artículo 19.2 de la Ley.

Asimismo, establece, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, dar traslado de las demandas y los documentos al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Igualmente, en cuanto a la solicitud de suspensión cautelar, formulada por el PP, establece que se oiga a Ejecutivo y Parlamento para que, en el plazo de tres días puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas.

El Congreso de los Diputados no tiene intención de presentar alegaciones ante el TC en relación al recurso contra la Ley del Aborto, ni a la petición del PP de suspender la ley hasta que se produzca el fallo, ni al propio contenido de la impugnación, según informaron  fuentes de la Mesa del Congreso. La Mesa del Congreso seguirá el procedimiento habitual en este tipo de situaciones: La cámara se dará por enterada y enviará al TC una respuesta estándar, generada automáticamente, y en la que se explica que no ha lugar a apelaciones por su parte.

En cualquier caso, el Congreso no entra en el contenido del recurso, sino que se limita a analizar si hay o no errores formales en la tramitación. Lo máximo que pueden hacer, según reconocen, es remitir al Alto Tribunal los distintos debates celebrados en el Congreso sobre aborto, por si fuera de interés para sus deliberaciones. No obstante, el Gobierno sí presentará alegaciones y lo hará mediante la Abogacía del Estado, responsable de este tipo de cuestiones, ya que según informaron fuentes oficiales, el Ejecutivo está "convencido de la constitucionalidad de la ley" y así lo defenderá frente al Alto Tribunal. 

Aído no tiene dudas de la "plena constitucionalidad" de la ley

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha subrayado que "no tiene ninguna duda" de la "plena constitucionalidad" de la ley, ya que se trata de una normativa "garantista", que "respeta totalmente los límites marcados en su día" por el TC en línea "con lo que tienen establecido las distintas legislaciones europeas".

Aído ha considerado que "entra dentro de la normalidad" la admisión a trámite por parte del TC de los recursos del PP y del Gobierno de Navarra y anunció que la Abogacía del Estado presentará en los próximos días las alegaciones correspondientes con el "convencimiento" de la "plena constitucionalidad" de la Ley. De este modo, ha mostrado su convencimiento de que la normativa entrará en vigor el próximo lunes, 5 de julio, tal como estaba previsto y, en esta línea, ha confiado "plenamente" en el TC "y en la acción que desarrolla".  Por otro lado, ha destacado que la Ley del Aborto ha sido "debatida, meditada y muy equilibrada" y, además, ha añadido que ha tenido un "amplio debate a lo largo de casi dos años en el Parlamento y en el Gobierno, al tiempo que se creó un grupo de expertos para realizar un estudio de derecho comparado". 

Grupos 'provida' instan al TC a suspender la ley

El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, dice estar "profundamente satisfecho" por la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP contra la Ley e insta al Tribunal Constitucional a suspender cautelarmente la entrada en vigor porque la aplicación de esta norma tiene efectos "absolutamente irreversibles". "Espero que sean sensibles a los argumentos tan de fondo que hay para ello, como el carácter absolutamente irreversible de cualquier aplicación de la ley que se haga, porque un aborto no se puede deshacer; y el hecho de que esta ley, a diferencia de otras normas, tiene visos de ser inconstitucional", señaló Blanco. 

Por su parte, la portavoz de Derecho a Vivir, organización adscrita a la plataforma HazteOir, dice esperar que el Alto Tribunal "sea fiel a su propia doctrina de protección del nasciturus" y "se apruebe sin reservas y a la mayor brevedad la suspensión de la aplicación de la ley, ya que, de no ser así, se producirían efectos irreversibles en contra del bien jurídico a proteger: el ser humano en desarrollo intrauterino". "La nueva ley en materia de aborto impulsada por el Gobierno y las fuerzas parlamentarias partidarias de los principios del feminismo radical, viola de manera flagrante la doctrina del Tribunal Constitucional", ha asegurado Gádor Joya.

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