El Gobierno ha decidido suspender todos los viajes del programa de turismo para mayores del Imserso, uno de cuyos destinos era Andalucía, según ha avanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La decisión se produce después de que una vecina de Castellserà (Lérida) que viajó recientemente con el Imserso a Benidorm permanezca ingresada con coronavirus en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova, y se investiga si otra mujer de 83 años, que murió el domingo pasado y que también hizo el viaje, falleciera también con el virus.

El programa de viajes del Imserso ofrece unas 900.000 plazas para viajar a destinos de la costa peninsular de 15, 10 y 8 días en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Cataluña, y de la costa insular, en Canarias y Baleares, así como a zonas del interior, con estancias de 4, 5 y 6 días.

El programa para las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 tiene un presupuesto de 1.142 millones de euros, de los que el 20,4 % lo aporta el Imserso y el 79,6 % restante, los beneficiarios.

Los viajes incluyen alojamiento en régimen de pensión completa o de media pensión, transporte de ida y vuelta, póliza de seguros colectiva, servicio de medicina general y programa de animación socio-cultural.

Los precios varían en función del destino y estancia y van de los 114,50 euros en los de cuatro días a capitales de provincia a los 610 euros en los combinados de 15 días a Canarias

La patronal hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec) -una de las zonas más beneficiadas por este programa- ha reclamado al Gobierno la adopción de una serie de medidas laborales, económicas y fiscales para paliar las consecuencias de la suspensión de los viajes.

Considera que las medidas laborales deben centrarse en el apoyo a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) "que tengan que ponerse en marcha" como consecuencia de la caída de la actividad.

Defienden también la necesidad de medidas que garanticen la viabilidad financiera de los adjudicatarios, la puesta en marcha de líneas ICO específicas para inyectar tesorería y actuaciones fiscales como aplazamientos de pago de impuestos y supresión de los que "gravan la actividad hotelera".