"Vemos muy pocas justificaciones, si alguna, para interrumpir gestaciones más allá de las 24 semanas (22 de gestación), hay que ser estrictos en el control y ceñirse estrictamente a la ley y sus supuestos", ha dicho en conferencia de prensa el presidente de la SEGO, José Manuel Bajo.

En una declaración, la SEGO define el aborto como "la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso, que se alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo" (24 desde la última regla).

A partir de entonces, "es posible la viabilidad fetal", cuanto más amplia sea la gestación, más posibilidades de sobrevivir tendrá el feto al nacer, según Bajo Arenas.

"Cualquiera -ha enfatizado- que haya visto una ecografía, que vea cómo se mueve un niño por encima de las 24 semanas... el sólo hecho de interrumpir ahí una gestación con una túrmix, con un destructor hasta hacerlo papilla literalmente para expulsarlo entra dentro de lo que nosotros no podemos apoyar".

Tras ese plazo, debería llamarse destrucción o eliminación de un feto maduro o viable, pero no es un aborto desde las perspectiva médica, ha insistido.

Ha explicado que el concepto jurídico es mucho más amplio al incluir "la posible destrucción intrauterina del feto mucho más allá" del número de semanas citado y que la legislación se ha quedado "obsoleta".

En relación con los casos legales de despenalización, ha indicado que existen "muy pocos supuestos y razones" para interrumpir el embarazo por grave riesgo para la salud física de la madre después de las 24 semanas.

"Cuando los haya, lo oportuno desde el punto de vista médico es la interrupción de la gestación (...) ¿por qué hay que destruir el niño dentro? Indúzcase el parto e inténtese salvarlo", ha propuesto.

En cuanto a las malformaciones, ha indicado que son en torno al 1,5 por ciento de las gestaciones y al menos dos tercios se diagnostican antes de las 22 semanas.

En este sentido, la SEGO reclama mejorar las pruebas ecográficas de la semana 20 y tiempo suficiente en su realización para aumentar el nivel de detección.

Bajo Arenas ha rehusado opinar sobre una eventual ley de plazos porque no es una cuestión que competa a los ginecólogos, sino a los legisladores.

La SEGO rechaza que el aborto en el primer trimestre pueda ser considerado un procedimiento contraceptivo, pide esfuerzos para evitar los embarazos no deseados y reitera el derecho de objeción de conciencia para quienes se nieguen a practicar abortos.

Bajo se ha opuesto a que se publique una lista de objetores ya que si alguien conoce médicos que se niegan a realizar abortos en la sanidad pública pero no en la privada debe denunciarlos para que sean perseguidos.