El Pleno del Senado dio el primer paso para erradicar las esterilizaciones forzosas de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente en España, una práctica que aún permite el Código Penal.

Casi la totalidad de la Cámara votó a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley de Ciudadanos, a excepción de los dos senadores de Vox, que votaron en contra, y una senadora de Teruel Existe, que se abstuvo.

Se trata de la primera proposición de ley que admite a trámite el Senado, que ahora será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Ciudadanos expone en la proposición de ley que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y en vigor desde 2008, exige que los estados pongan fin a las prácticas discriminatorias relativas a la familia, la paternidad y la fertilidad de este colectivo.

Sin embargo, más de diez años después de su entrada en vigor, en España se siguen realizando esterilizaciones forzosas, algo que Ciudadanos considera "una grave anomalía en términos de derechos humanos". Según el artículo 156 del Código Penal, "no será punible la esterilización acordada por órgano judicial" en el caso de personas incapacitadas judicialmente.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) calificó de "hito histórico" que haya comenzado la tramitación parlamentaria de la ilegalización de las esterilizaciones forzosas o no consentidas a personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.