Operación policial

Registran la casa de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y Sito Miñanco

  • La operación de la Audiencia Nacional se enmarca en una investigación contra el blanqueo de capitales

Gonzalo Boye, a la izquierda de la imagen, el pasado viernes 18 junto a Carles Puigdemont en Bruselas. Gonzalo Boye, a la izquierda de la imagen, el pasado viernes 18 junto a Carles Puigdemont en Bruselas.

Gonzalo Boye, a la izquierda de la imagen, el pasado viernes 18 junto a Carles Puigdemont en Bruselas. / Efe

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionada con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y exletrado del narcotraficante Sito Miñanco. Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro se ha practicado en el domicilio de Boye en Madrid y que el abogado no está detenido.

La operación, coordinada por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años. El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro. Fuentes de la Audiencia Nacional han informado de esta operación en la que se han practicado varios registros en una causa que es secreta.

Boye dejó recientemente la defensa Miñanco, en cuya causa se le investiga ahora por un delito de blanqueo procedente del narcotráfico. Según fuentes jurídicas, la operación que se ha puesto en marcha este lunes se enmarca en una pieza separada de la causa por la que Sito Miñanco fue enviado en febrero de 2018 a prisión por un delito de narcotráfico y que instruye la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

A partir de esta investigación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, la juez acordó abrir una pieza separada estrictamente por delitos de blanqueo, que se ha declarado secreta, y en la que se investiga a Boye y a otras personas. Esta causa está pendiente de que se dicte el auto de procesamiento, a la espera de que se cumplimente alguna diligencia solicitada por la juez que la instruye, María Tardón, según han recordado las fuentes consultadas.

Tras la detención, Miñanco fue juzgado por otra causa de blanqueo que tenía pendiente en la Audiencia de Pontevedra, que le acabó condenando a cuatro años de cárcel y multa de seis millones de euros por blanquear dinero procedente de la droga entre 1988 y 2007 mediante la adquisición de bienes inmuebles a través de una inmobiliaria.

Precisamente en el marco de esa causa, el tribunal impuso una multa de 2.000 euros a su por entonces abogado, Gonzalo Boye, por vapear en la sala durante el juicio, lo que para el tribunal supuso una conducta "irrespetuosa y desconsiderada" y un comportamiento "irreverente", "inaudito y asombroso".

Pese a no estar vinculada en principio con la actividad de Boye como abogado de Carles Puidemont, que continúa fugado en Bélgica y pendiente de una nueva euroorden de detención, la operación de registro ha sido automáticamente denunciada por Jaume Asens, candidato de En Comú Podem a la elecciones del 10 de noviembre, como una campaña de acoso contra el letrado del expresidente. "¿Alguien se cree que estarían registrando la casa de Boye si no fuera abogados de Puigdemont y Toni Comín? Una vez condenados los presos, ahora van a por los exiliados. Y comienzan contra su abogado. Es de manual", ha afirmado Assens en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, el propio Puigdemont ha abundado en esta tesis vía Twitter. 

"Lawfare (guerra jurídica) a todo trapo. Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embestir sin miramientos -aventura el expresidente prófugo-. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Gonzalo Boye le pretenden dificultar su trabajo. No lo conseguirán". 

El líder independentista, reclamado por el Tribunal Supremo por presunta sedición y malversación en la causa del procés, trasladó "todo el afecto a su familia y trabajadores del despacho" del letrado.

Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965) fue detenido en 1992 junto a otras personas de la misma nacionalidad como sospechoso de haber colaborado en los secuestros de Emiliano Revilla y Manuel Prado y Colón de Carvajal, ambos llevados a cabo por ETA. Declarado culpable de haber participado en el primero, el letrado, que siempre ha mantenido su inocencia en aquel caso, fue condenado en 1996 a una pena de 14 años de cárcel, de la que cumplió seis.

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