La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Manresa decretó este martes por la tarde prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de agresión sexual para los cuatro acusados de violar en grupo a una menor en este municipio el pasado fin de semana.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la juez lo decretó al considerar que existe un alto riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de represalia contra la víctima después de haberlos citado a declarar. Tres de los detenidos de esta nueva Manada se acogieron a su derecho a no prestar declaración, mientras que el cuarto sí lo hizo y contestó a las preguntas de todas las partes.

Este martes declaró también la víctima, una chica de 17 años, que lo hizo acompañada de una psicóloga del Servicio de Emergencias Médicas después de que denunciara ante los Mossos haber sido violada por cuatro jóvenes de unos 20 años.

En su auto, la juez asegura que la menor "manifestó verbalmente y de forma clara que no quería mantener relaciones sexuales" con sus agresores, "pidiéndoles que parasen e intentando apartarlos sin conseguirlo", motivo por el cual la Fiscalía pide investigarlos por un delito de agresión sexual.

La Fiscalía considera, además, que "cada presunto autor realiza este delito directamente sobre la víctima y actúa como cooperador necesario en relación a los tres restantes", por lo que –continúa el auto– "valora la intimidación/violencia empleada por los investigados para vencer cualquier resistencia de la víctima".

La juez también argumenta que la joven siempre ha mantenido la misma versión "coherente" de lo sucedido, siendo "persistente en la incriminación de los presuntos hechos punibles" y era "consciente de todo lo que pasaba", pudiendo "observar los rasgos físicos de cada agresor".

Afirma, por otro lado, que los acusados no han aportado "argumentos en su defensa o versiones alternativas a la sostenida por la supuesta víctima" y podrían volver a cometer los mismos hechos.

"Debido a la gravedad de la pena a imponer y que ninguno de los cuatro investigados tiene arraigo efectivo en nuestro país, ni medios de vida conocidos, cabe valorar el alto riesgo de fuga", afirma la magistrada, cuya medida persigue también evitar "futuras represalias contra la perjudicada" por parte de los imputados, de origen magrebí y que necesitaron la ayuda de intérprete.