Hace un año y medio vio la luz el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; desde entonces, la cuarta parte de sus 290 medidas ya se han cumplido y algo más de la mitad "están en proceso"; el resto aguarda en su mayoría a que se reactiven las Cortes y se conformen los distintos gobiernos para poder arrancar.

Y lo hacen con el consenso -a excepción de Vox, que ha puesto varias veces en entredicho la ley integral de 2004-, de todas las fuerzas políticas, que han situado el impulso a este acuerdo como una de sus prioridades.

Fue en septiembre de 2017 cuando el Congreso y el Senado aprobaron, con la abstención de Podemos, sus respectivos dictámenes, ratificados después por Gobierno, comunidades y entidades locales en diciembre.

Setenta asesinadas en año y medio

Desde entonces, más de 70 mujeres han sido asesinadas y ya son 1.001 las que constan en los registros oficiales. El Pacto se erige como una hoja de ruta para tratar de frenar esta barbarie, con un total de 290 medidas plasmadas en un texto refundido con las propuestas de ambas cámaras.

Según el último informe de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, actualizado el pasado mayo, el 25,86% de las mismas, un total de 75, ya se han realizado, aunque "puede requerir que se siga implementando".

Entre las más recientes, la de un nuevo título habilitante, que permite a las víctimas acreditar esa condición ante los servicios sociales para acceder a las ayudas y prestaciones sociolaborales sin tener que presentar una denuncia, aunque este paso sigue siendo indispensable para acceder a la protección policial y para iniciar un proceso judicial.

Algunas van encaminadas a mejorar la protección de los menores, como eliminar el requisito de que los dos progenitores deban dar su permiso para que un niño reciba atención psicológica, incluir a los hijos en las valoraciones policiales de riesgo y aumentar la pensión de orfandad o reconocer el derecho a una a aquellos huérfanos cuyas madres no hubieran cotizado a la seguridad social, entre otras.

Otras 164 medidas, el 56,55%, están en "en proceso", que significa que "se han dado pasos suficientemente significativos para su implantación: reuniones, estudios, análisis, programación, proyectos legislativos o reglamentarios… aunque todavía no se pueda considerar totalmente implantada".

Una de ellas es la de la reforma de la propia ley integral para adaptarla al Convenio de Estambul y ampliar así el concepto de violencia de género a cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer por el mero hecho de serlo, como pueden ser las agresiones sexuales, la trata o la mutilación genital femenina.

También la de emprender las modificaciones legales oportunas para "evitar los espacios de impunidad para los maltratadores" derivados del derecho de dispensa de la obligación de declarar, contemplado en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Asimismo, se ha avanzado en el estudio de cambios normativos para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género o en la prohibición de que los menores visiten a su padre maltratador en prisión.

Por último, 51 de las medidas (17,58%) están pendientes: posibilitar a los jóvenes quitarse los apellidos del maltratador si lo desean o impulsar con las comunidades la asistencia psicológica a los agresores desde el momento de la denuncia para reducir su nivel de estrés y agresividad y prevenir daños a la víctima son algunas de ellas.

Como también adecuar los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados para que tengan dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor con el fin de evitar la victimización secundaria o elaborar protocolos sobre cómo actuar en situaciones en las que ambos comparten espacios (centros de trabajo, educativos…).