"Buenas tardes señorita. Mire he recibido un mensaje al móvil y no lo entiendo, dice que a partir de mañana pierdo mi número de teléfono si no me registro. Usted me lo puede explicar, es que no sé que tengo que hacer". Así llegaba María Luisa, una señora mayor, a una tienda Movistar de Sevilla, en la que había una cola de unas diez personas y más de la mitad eran clientes de tarjetas prepago de móviles que acudían a identificarse. No era la única; muchos aguardaban a la espera de que alguien les explicara el proceso.

Y es que todo aquel usuario de un móvil de tarjeta prepago -aquellos que no tienen contrato- que no se haya identificado (nombre, DNI y domicilio) ante su compañía antes de mañana lunes verá anulada o desactivada su tarjeta. Por lo que ayer fue el último día para registrarse según marca la ley.

Ésa es la intención del Ministerio del Interior, que finalmente ayer cedió ante las peticiones de los operadores de sólo suspender la línea temporalmente, alargando seis meses el plazo para la identificación, de modo que los usuarios puedan conservar su número.

Desde el final de las vacaciones las operadoras han intensificado sus comunicaciones por SMS y por teléfono con sus clientes informándoles de que se les acababa el plazo que se había dado de dos años para registrar sus datos en cualquier tienda de la compañía, de acuerdo con la ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas.

Pero pese a que los consumidores han tenido dos años, la mayoría ha acudido a hacerlo en las últimas semanas. Marta Villacieros, encargada de una tienda Vodafone, explica que en el último mes han tenido una media de 180 visitas diarias de personas para entregar sus datos. Aunque cuando mayor masificación ha habido ha sido en los últimos días, sobre todo ayer, que fue "caótico". Algo en lo que coincide Aitana Rojas, empleada de una tienda de Movistar, donde también han sufrido una avalancha de peticones los últimos días. Una media de 40 usuarios por trabajador. O lo que es lo mismo más de 160 visitas diarias. El perfil es el depersonas mayores o padres que acuden a registrar el móvil que usan sus hijos menores.

A pesar de la campaña publicitaria e informativa llevada a cabo por el Gobierno y las operadoras, la desinformación reinaba en las tiendas de telefonía. Las personas mayores esperaban la cola sin entender ni saber qué tenían que hacer. "Yo estoy aquí porque mi hijo me ha dicho que viniera. He recibido varios mensajes pero yo no sé leerlos ni enviarlos. Ni sé para qué vale esto", decía José Sánchez mientras aguardaba en una tienda. Eso le ocurría a casi todos, que acudían al establecimiento porque alguien les había indicado que tenían que hacerlo no porque lo supieran.

La mayoría de los clientes ha acogido bien la medida y cree que es correcta. Incluso los hay que han hecho alguna propuesta, como que se elabore una guía telefónica de teléfonos móviles. "Ahora que ya estamos todos identificados podrían hacer una guía, que hay veces que no hay forma de localizar a algunas personas. Aunque los datos fueran aportados de manera voluntaria", manifestaba Ricardo Bueno.

Otros se han quejado, una minoría, al no entender para qué sirve la medida y preguntarse por qué no les pidieron los datos al comprar el móvil, entre otras cosas porque la ley es de 2007. Pero entran en razón pronto. La clave:con esta norma se trata de evitar el uso anónimo de los móviles por parte de los grupos terroristas y organizaciones delictivas, y obliga a las operadoras a facilitar datos de las comunicaciones si así lo exige un juez. "Los clientes escuchan esta explicación, lo entienden, se calman y dan los datos sin problema", cuenta Javier Delgado, empleado de una tienda Orange.

La semana pasada se conocía que alrededor de cuatro millones de tarjetas móviles prepago estaban aún sin identificar, aunque algunas fuentes elevaban la cifra hasta los cinco millones. La Administración considera que el volumen es menor, puesto que gran parte de esas tarjetas pertenecen a líneas sin uso. La patronal de los operadores, Redtel, afirma no tener datos y los operadores a los que les afecta la ley, Movistar, Vodafone y Orange, no los dan. Al margen de dejar incomunicados a miles de usuarios, las operadoras temen una catarata de reclamaciones de sus clientes anónimos. Esto acaba de empezar.